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Canarias 1 de Diciembre de 2012
La directora del SCS apuesta
por la defensa de los principios constitucionales que han regulado
el derecho a la protección de la salud
Juana María Reyes declaró en la apertura de la Jornada sobre Derecho y Sanidad que, en apenas seis meses, se ha puesto límites al principio de universalidad de la sanidad pública y ampliado el "copago farmacéutico", entre otras medidas.
La directora del Servicio Canario de la Salud, Juana María Reyes Melián, participó en la mañana de ayer, en el salón de actos del Centro de Salud Dr. Guigou, de la capital tinerfeña, en la apertura de la Jornada sobre Derecho y Sanidad, organizada por la Sección Territorial de Tenerife de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AFJV), en la que intervienen como ponentes magistrados, profesores de Derecho, fiscales, médicos y representantes de la Administración sanitaria.
La inauguración de la jornada estuvo a cargo José Luis González Armengol, portavoz nacional de la AFJV y decano de los Juzgados de Madrid, y contó además con la presencia de Juan Carlos González Ramos, magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y Felipe Martín Casañas, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Durante su intervención, la directora del Servicio Canario de la Salud declaró que pese a que "la sociedad ha incorporado como modelo un sistema sanitario coherente con la norma constitucional, público y universal", la situación de crisis económica ha condicionado la adopción de decisiones políticas que "han hecho mella en estos principios, en los que creo firmemente, consolidándose a través de cambios normativos".
Estos cambios legislativos, explicó, "entran en confrontación con la cultura de la universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios, instaurada en nuestra población, además de provocar inseguridad en la práctica diaria de los profesionales, lo que dificulta la adecuada relación del médico o del sanitario con el paciente".
Señaló, a modo de ejemplo, como la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública proclamó definitivamente la universalización de la sanidad pública "afirmando que el derecho a la asistencia sanitaria pública se reconoce a todos los españoles residentes en territorio nacional" para que, apenas seis meses más tarde, "el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la Calidad y seguridad de las prestaciones, establece límites a la cobertura sanitaria a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, abandonando las tesis de universalidad para retornar a la de aseguramiento".
"Nunca una norma en materia de cobertura social ha sido rectificada en tan corto espacio de tiempo", indicó Juan María Reyes, que calificó al citado Real Decreto como "una autentica ley ómnibus, por que modifica diversas leyes en materia de Sanidad".
Señaló que mediante esta norma se ha restringido la asistencia sanitaria prestada a los extranjeros, que no pertenezcan a países de la UE, a quienes se exige residencia en vigor y reunir la condición de asegurado para obtener la tarjeta sanitaria y acceder a los servicios; se ha modificado y ampliado el "copago farmacéutico" y sustituido el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud por la cartera común de servicios "que se diferencia entre varias categorías de prestaciones o servicios, en función de su financiación con cargo a fondos públicos".
La directora del SCS se refirió, además, a la relación médico-paciente, sobre la que dijo que "el profesional se encuentra en ocasiones en una difícil situación cuando percibe la posibilidad de ser demandado", mientras que los ciudadanos, ante la permanente seducción de los grandes avances científicos y tecnológicos de la medicina, "consideran incomprensible el hecho de un fracaso terapéutico".
Al respecto dijo que "es necesario encontrar el necesario espacio de entendimiento y comprensión mutua que facilite la labor de todos los que, con nuestro trabajo, compartimos la responsabilidad de garantizar el derecho a la protección de la salud".
