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Canarias 6 de Noviembre de 2012
El diputado por Tenerife del Grupo Nacionalista Canario,
José Miguel González, ha presentado una iniciativa parlamentaria
en la que pide al Gobierno de Canarias que se dirija el presidente del Gobierno de España para que “se corrija de forma inmediata en las Cortes españolas el Proyecto de Presupuestos para 2013 hasta que se dé cumplimiento a los preceptos de las leyes del Régimen Especial de Canarias (REF) y se respete, dentro del bloque de constitucionalidad, la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española y el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias”.
Para José Miguel González, estos tres preceptos se están incumpliendo continuamente por parte del Gobierno de España, ya que, entre otras cuestiones, se ha vulnerado reiteradamente el REF al no equiparar la inversión pública a la media del Estado español, “pero qué duda cabe que en los presupuestos para 2013 esta violación es aún más flagrante al no acercar la inversión a la media sino alejarla y el Ejecutivo estatal debería saber que, tal y como recoge la Disposición Adicional Tercera de la Constitución y el artículo 46 del Estatuto, cualquier modificación de este texto requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma”, explica.
“Pese a que la presente Constitución habla en su artículo 138 de la obligación del Estado de velar por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, con especial atención al hecho insular, estamos asistiendo a un trato discriminatorio y vejatorio de la comunidad autónoma de Canarias por parte del Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy”, explica González.
En este sentido, denuncia que, entre otras cuestiones, se están vulnerando reiteradamente los artículos que tienen a conseguir una integración territorial, tal es el caso de las subvenciones al transporte que han sido discutidas y cuestionadas; o la obligación de garantizar en Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada o reutilizada en condiciones similares al resto del territorio español; o el principio básico establecido en el REF que otorga carácter de interés general a las obras públicas en puertos y carreteras que enlazan las islas entre sí y con el continente español; o el establecimiento, que han eliminado en este presupuesto, de invertir al menos el 50% de la recaudación normativa del extinto ITE, lo que supone una “clara deslealtad institucional al no respectar los acuerdos del Consejo de Ministros del Reino de España”.
Para José Miguel González, “este conjunto irracional de medidas negativas está contribuyendo al desarrollo de una corriente de opinión en el Archipiélago que pone en cuestión el marco de relación constitucional de Canarias con el resto del territorio del Estado español, lo que crea una opinión generalizada de queja y frustración sobre el sentido que el Gobierno del Estado da a la integración de este Archipiélago lejano”, explica, y añade que “lo que ocurre en los presupuestos 2013 es un establecimiento por parte del Estado de unas medidas restrictivas carentes de base en cualquier criterio distributivo de justicia y equidad para el reparto de esfuerzos que cada comunidad autónoma debe soportar en la situación crítica presente”.
Así, José Miguel González aclara que ese esfuerzo ha de depender de criterios objetivos “y no de cuál es el grupo político que ejerce el poder ejecutivo en los gobiernos de las comunidades autónomas”.
Para terminar, González recuerda que precisamente este año se cumplen 200 años desde la separación de las colonias españolas americanas “motivada, en gran parte, por la incomprensión y falta de sensibilidad de un poder central en Madrid que, en ningún momento, prestó la debida atención a sus justas demandas, y estamos viendo unos hechos en la relación de Canarias con el Estado que presentan muchos puntos de contacto con lo acontecido en aquella situación”.
