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Canarias 8 de Mayo de 2012
El Gobierno de Canarias tendrá un papel relevante en el diseño de la nueva demarcación judicial
El consejero considera necesario una reorganización de la planta judicial pero no exactamente en los términos propuestos por el CGPJ.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, aseguró que Canarias participará en el diseño de la futura demarcación judicial. "Tendremos un papel relevante", aseveró al término del primer Consejo Sectorial de Justicia, celebrado hoy en la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, y a la que también asistió el viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera.
El consejero restó importancia a la propuesta hecha por el Consejo General del Poder Judicial, que reduce de 19 a 11 los partidos judiciales de Canarias.
El Gobierno de Canarias considera "necesario proceder a una reorganización de la planta judicial", aunque no exactamente en los términos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, aclaró.
"La propuesta real que se tramitará a las Cortes Generales debe surgir del Ministerio y contará con la participación de las autonomías que tenemos transferidas las competencias en Justicia", indicó Hernández Spínola.
El consejero espera que finalmente el Ministerio y las Cortes Generales tengan muy en cuenta la opinión argumentada del Gobierno de Canarias para la propuesta definitiva. "Somos muy distintos al resto de las comunidades autónomas", dijo el consejero, quien afirmó que "nuestra singularidad territorial debe tenerse en consideración y apelamos a la sensibilidad de las Cortes Generales para que respeten nuestras diferencias organizativas, por cuestiones geográficas".
El Consejo Sectorial también abordó el establecimiento de tasas para Justicia. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad mantuvo el rechazo a la fórmula creada por el Ministerio, ya que tiende a generar diferencias de acceso a la justicia según la capacidad económica de los ciudadanos. Lo que sí apoyó el consejero fue la propuesta de destinar la recaudación de esas tasas, aplicadas de forma obligatoria por el Estado, para financiar los costes públicos que genera la asistencia judicial gratuita, más conocida como turnos de oficio de abogados y procuradores. "Es un gasto muy alto todos los años que supera los 20 millones de euros en el caso de Canarias", explico, por lo que destinar lo recaudado por esas nuevas tasas a cubrir este gasto sería ventajoso para todas las autonomías.
El Consejo también abordó cuestiones vinculadas a modernización y gestión de personal.
