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Canarias 19 de Marzo de 2012
EL STEC-IC denuncia la “tergiversación” del Informe Pisa
La consejería de educación y algunos medios informativos “han difundido una interpretación interesada de aspectos concretos
con el único propósito de dañar la imagen del profesorado”, afirman.
A pesar de que el Consejero de Educación, José Miguel Pérez, ha salido con posterioridad para desmentir algunos de los mensajes que se han lanzado a la opinión pública durante los últimos días, el daño ya está hecho y su reparación no va a ser fácil. Atrás han quedado las buenas intenciones del Consejero y todo su equipo de gobierno.
Poco les ha durado el talante negociador y su entusiasmo por la mejora
de la Educación Pública Canaria y su compromiso por la revalorización de la función docente. Prueba evidente de ello es que las conclusiones del Informe PISA no han sido presentadas ni a las organizaciones sindicales, en calidad de representantes de los y las docentes, ni a las AMPAS ni al Consejo Escolar de Canarias, en su calidad de representantes de toda la comunidad educativa. Por el contrario, han preferido darlo a conocer previamente a la prensa, dificultando, de este modo, una reacción inmediata a lo que ellos sabían era una “puñalada trapera” a la frágil paz escolar de este curso. Pero ésta no es la primera vez que el consejero utiliza la prensa como medio de comunicación con las organizaciones sindicales y la comunidad educativa. Ya ocurrió lo mismo en una cuestión tan seria como la modificación del mapa escolar. Por lo que se ve, los malos modos se heredan. El consejero y su equipo, han vuelto a la senda del menosprecio hacia la labor docente, al más puro estilo de sus predecesores en el cargo. Aunque hay que reconocer, que a diferencia de Milagros Luis Brito, José Miguel Pérez ha sido lo bastante inteligente como para “tirar la piedra y esconder la mano”.
El STEC-IC ya se había percatado de que algo “olía a podrido” desde que, el pasado verano, el equipo de “expertos” de la OCDE que debía realizar el estudio que, finalmente, ha dado lugar al controvertido Informe PISA obviara reunirse con el STEC-IC, sindicato mayoritario del sector educativo en Canarias. Denunciamos entonces que nos daba la impresión de que se había encargado “un chaleco a medida”. De otro modo, no se explica que se dejara fuera de la ronda de contactos al único sindicato que mantenía una postura verdaderamente crítica con las políticas educativas que se venían desarrollando en aquel momento. Lamentablemente, el tiempo nos da la razón.
Asimismo, nos preguntamos cuánto nos habrá costado un estudio de este calibre, y por qué el Gobierno de Canarias se lo ha encargado a una organización externa a la par que desmantelaba el Instituto Canario de Evaluación y Calidad (ICEC). Cierto es que esto ha sido obra del ejecutivo anterior pero es igualmente cierto que el ejecutivo actual sigue sin devolver al ICEC sus competencias.
Calificamos el Informe PISA de “chaleco a medida” porque en sus conclusiones no se sintetizan de forma justa todos los datos contenidos en el extenso documento. Como es de suponer, en un documento de estas características, la mayoría de la gente tiende a leer las conclusiones finales y las propuestas de mejora. Pero, las referidas conclusiones hacen un especial hincapié en aspectos que dan directamente en la línea de flotación de la necesaria confianza que la sociedad canaria tiene depositada en el sector docente. Al mismo tiempo, pasa de largo sobre aspectos sumamente positivos que se revelan en los estudios realizados. Este tipo de maniobras, sumamente destructivas, van más encaminadas a desmantelar todos los servicios públicos que a mejorarlos. Parece que el citado informe, haga suyas las ampliamente conocidas tesis de organismos como el FMI, el BCE, la OCDE, y un amplio abanico de organizaciones políticas entre las que se encuentran, sin duda alguna, PP, PSOE y CC, y que vienen a decir que los trabajadores, en general, trabajan poco, cobran mucho y resulta difícil despedirlos. Exactamente tres de los aspectos a los que más se han referido las conclusiones del informe. Sin embargo, no se han esforzado lo más mínimo en disimular las intenciones, pues dichas conclusiones se contradicen con los datos facilitados en los más de 100 folios del documento. A falta del minucioso análisis que el informe merece, y del cual daremos a conocer una valoración más exhaustiva a lo largo de los próximos días, vamos a pararnos en algunos datos concretos que, tendenciosamente, se han facilitado y que merecen una inmediata contestación. Así como otros que no han salido a la luz y que conviene poner de manifiesto.
Por ejemplo, no se ha dado a conocer un dato revelador que pone de manifiesto que la educación pública sale mejor parada que la privada. En la página 23 del informe dice textualmente: “Una vez realizados ajustes considerando las características socioeconómicas de los alumnos y los centros según los estándares de PISA, los centros públicos de Canarias tienen un mejor rendimiento que los privados.” Conviene, no obstante, aclarar que el informe se refiere únicamente a los centros privados concertados ya que, inexplicablemente, no recabó datos de los no concertados.
Otro ejemplo de la tergiversación interesada es el enorme impacto que han causado titulares como el destacado, el martes pasado, en la primera página de un diario local afirmando que “Los maestros ganan mucho y hay exceso de vacaciones”. Y aunque, en los días siguientes, se han publicado algunas reacciones a dichos titulares, éstas no han tenido el mismo tratamiento ya que se han publicado de forma menos destacada.
Pero lo peor no es que se haya dado un tratamiento destacado a determinados titulares. Lo peor y más lesivo para el profesorado, y también para el sistema educativo, es que los titulares son una interpretación tendenciosa de lo contenido en el informe y que el consejero ha tardado dos días en rectificarlos.
Es rigurosamente falso que los docentes canarios cobren mucho ya que lo que viene a decir el informe es que las retribuciones son más altas en los primeros años (esto es debido al complemento de residencia que tienen todos los funcionarios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) y mucho más bajas cuando se alcanza la máxima antigüedad. Lo mismo ocurre con las vacaciones, ya que en ningún momento se afirma que sean muchas, sólo se sugiere que se estudie la posibilidad de distribuirlas de otro modo ya que según sostiene, el verano en Canarias no es tan caluroso como en otras comunidades autónomas. Éste es un asunto que implica un cambio profundo en la estructura de lo que es el curso académico y debe ser compatible con los periodos lectivos a nivel estatal, con las pruebas de la PAU y periodos de matrícula de las universidades. No se puede concebir que el alumnado canario tenga unos periodos lectivos que les imposibilite terminar sus estudios en un sitio y continuarlos en otro. Además, atendiendo a los datos objetivos contenidos en el informe, y no solamente a las conclusiones, podemos encontrar que en la página 57 el estudio no se basa sobre datos concretos sino que extrapola la situación de otros países como Inglaterra y además se deja arrastrar por concepciones absolutamente retrógradas del sistema educativo al considerar que los centros educativos deberían abrir durante el verano para que mejore la productividad de las mujeres en las empresas.
En cuanto a la jornada lectiva, según los datos recavados por el STEC-IC, en Canarias se tienen 180 días lectivos en las etapas de Educación Infantil y Primaria y 176 en ESO, Bachillerato y FP, superando la media estatal que se sitúa en 175 días. Curiosamente, el informe no aporta ningún dato al respecto, adoleciendo del más mínimo rigor científico, en la página 56 se puede leer textualmente: “El equipo no dispuso de tiempo durante su visita para llevar a cabo un estudio completo sobre esto y no pudo hallar investigación local. Por tanto, el equipo sólo puede ofrecer comentarios derivados de las mejores prácticas y la investigación internacional.” Lo que traducido a un lenguaje comprensible quiere decir que como no tienen ni idea, se limitan a opinar gratuitamente sobre algo tan serio. La falta de rigor del citado informe llega hasta el punto de señalar que en Canarias la jornada escolar comienza entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, algo a todas luces erróneo. Además no diferencia entre los horarios de los centros de infantil y primaria y los centros de secundaria, y tampoco contempla el descanso de media hora para el recreo de que se dispone en todos los centros educativos, lo que explicaría porqué se llega a la errónea conclusión de que la jornada escolar es extenuante para los alumnos más jóvenes. Igualmente, vuelve a relacionar la jornada escolar con la necesidad de tener a los niños atendidos para que sus padres puedan trabajar. Algo que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza.
Otro de los aspectos más discutibles entre los que se recoge en el informe es el referido a la autonomía de los centros donde se hace una defensa a ultranza de investir a los directores y directoras de los centros educativos de mayores potestades para tomar decisiones sobre aspectos tan sensibles como las programaciones, los libros de texto o la contratación y despido de profesorado, sin duda, los expertos de la OCDE no tienen en cuenta que estas cuestiones deben ser decididas colegiadamente por las Comisiones de Coordinación Pedagógica, los Claustros y los Consejos Escolares. Especialmente disparatado es lo referente a la contratación y cese de docentes, algo que provocará que el ejercicio de la docencia se traduzca la mera transmisión de las doctrinas dictadas por los directores, destruyendo la capacidad de educar en libertad y sin condicionamientos de índole política, religiosa, cultural, etc. En este sentido, el STEC-IC se muestra claramente contrario a una mayor acumulación de poder por parte de los directores, y exige que se devuelvan a los Consejos Escolares las competencias que le han sido hurtadas por la LOCE y la LOE, creemos que para conseguir una educación basada en valores es preciso que el centro educativo sea un referente de democracia, convivencia participativa y transparencia. Además, estamos convencidos de que uno de los principales motivos de la escasa participación de las familias en la vida de los centros es precisamente el irrelevante papel que la LOE les asigna en todo lo referente a la gestión de los mismos. Idéntica lectura podría hacerse de la participación del profesorado, que ha visto como en la última década se le consulta cada vez menos y su papel se ha visto reducido al estricto cumplimiento de órdenes, a veces arbitrarias. Es inadmisible que se trate de vincular los resultados educativos con la motivación del profesorado y que se proponga incentivar económicamente a los docentes para que mejoren su formación e implicación, vinculando las retribuciones con los resultados académicos del alumnado. Es injusto hacer este tipo de valoraciones sin tener en cuenta que los resultados académicos no dependen exclusivamente del profesorado. Especialmente cuando lo que más necesita el profesorado es que le proporcionen las condiciones idóneas para desempeñar su labor. No es posible obtener buenos resultados con ratios elevadas y con escasez de recursos para atender al alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa.
En los próximos días iremos desgranando otros aspectos del Informe PISA y los comentaremos ante la opinión pública, pero con lo analizado hasta ahora, podemos afirmar que el referido informe carece de toda credibilidad y ha sido diseñado con un único y claro propósito, desprestigiar al profesorado y a la educación pública.
Secretariado Nacional del STEC-IC
