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Tenerife 15 de Marzo de 2012
El Cabildo reclama al Estado que no recorte la inversión en obras hidráulicas
El consejero de Aguas, Jesús Morales, señala que si estas obras no se ejecutan la Isla dejaría de percibir alrededor de 44 millones de euros.
El Cabildo de Tenerife pide al Gobierno del Estado que mantenga las inversiones para las obras hidráulicas de interés general para Canarias. Tras la reunión celebrada el pasado lunes en Madrid entre los consejeros autonómicos y el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, y ante las declaraciones del consejero regional, Juan Ramón Hernández -que alerta de la gravedad que supondría un tijeretazo al convenio de obras hidráulicas- el consejero de Aguas del Cabildo, Jesús Morales, manifiesta su preocupación por los anunciados recortes.
Morales asegura que, en Tenerife, “actualmente, no nos podemos permitir ni un euro más en recortes en materias de obras hidráulicas y es por ello que, en esta línea y desde el Cabildo, presentamos una moción institucional en el último pleno, instando al Gobierno del Estado a incluir en los presupuestos generales de 2012 y 2013 la ficha financiera del convenio 2008-2012 destinada a obras hidráulicas de interés general en Canarias. También pedimos la firma de un nuevo convenio que ampare la total ejecución de las obras hidráulicas declaradas de interés general, incluidas las de los anexos del citado convenio y a la dotación presupuestaria necesaria por parte del primero”.
Actualmente en Tenerife se ejecutan dos desaladoras de agua de mar situadas en Granadilla y Fonsalía (Guía de Isora) y, en el primer caso, es necesario acometer una obra complementaria de conducción de la desaladora hacia San Isidro, para dar servicio a este núcleo y la franja costera de Granadilla, aspecto este ya negociado entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, según el consejero. Morales explica que ya están adjudicadas por parte del Gobierno de Canarias, sin que se haya firmado los contratos a la espera de que, en sus presupuestos de 2012, el Estado realice dos obras de ampliación de dos depuradoras: la de Valle Guerra y la de Adeje-Arona, que vendrían a mejorar la situación actual aumentando la capacidad de depuración y mejorando la tecnología empleada.
Para Jesús Morales, si el Estado, no cumple con Canarias ni con Tenerife, “nos encontraremos en una situación difícil de resolver, ya que la ejecución de estas obras compete al Gobierno de España, bien por su dimensión o bien por su interés. Si estas obras no se ejecutan estaríamos hablando de en torno a 44 millones de euros, que la isla dejaría de percibir”.
El consejero añade que un inconveniente añadido es la escasez de lluvia, por lo que “necesitamos, más que nunca, esas desaladoras para ir complementando la producción de agua desalada de mar con las aguas subterráneas”. Por otro lado, las directivas medioambientales cada vez son más exigentes y si estas depuradoras las tiene que construir el Estado y no lo hace, impide a las administraciones responsables de la depuración cumplir con la legislación ambiental, dejándolas en un estado de indefensión evidente”.
