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Canarias 1 de Marzo de 2012
Los Ayuntamientos canarios podrán,
al fin, pagar a sus proveedores
Las organizaciones empresariales estiman que casi un millar de autónomos y pymes canarias echaron el cierre durante 2011.
El diputado del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, Pablo Matos, ofreció una conferencia el pasado lunes, en la que presentó las líneas del mecanismo de financiación a las entidades locales para el pago a proveedores, aprobado la pasada semana por el Gobierno de España.
En la charla, que contó con la participación de la presidenta del Partido
Popular de Tenerife, Cristina Tavío, se desgranó el contenido del Proyecto de Ley Orgánica y el Real Decreto Ley remitidos a las Cortes Generales, que permitirán a los ayuntamientos abonar facturas pendientes de pago, generadas antes del 1 de enero de 2012, dentro de la Ley de Contratos del Sector Público.
Según los datos ofrecidos por distintas Organizaciones Empresariales, estos impagos fueron una de las causas de que en 2011 unas 920 empresas cesaran su actividad en el Archipiélago, ya que en total, la deuda de las administraciones públicas isleñas con empresarios y autónomos asciende a 516 millones de euros.
El diputado popular destacó que el Gobierno persigue garantizar la sostenibilidad de la situación financiera de los ayuntamientos, es decir, que cuenten con una adecuada financiación de los servicios públicos que prestan a los vecinos, y recojan ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos y la amortización de las operaciones de endeudamiento.
Pablo Matos indicó que “este mecanismo permitirá, de la misma manera, a un buen número de autónomos, pymes y micropymes de las Islas, presentar en el menor tiempo posible sus facturas al cobro en las entidades financieras, contribuyendo así a evitar nuevos cierres”.
La grave situación de la actual crisis económica, que ha traído consigo que las Administraciones acumulen importantes retrasos en el pago de sus facturas, ha sido el principal detonante que ha promovido al Gobierno a aprobar estas medidas.
Modo de actuación
Con el propósito de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales deberán emitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 15 de marzo, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago.
En ellas debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.
Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afecta. En el caso de que no aparezcan en el listado los contratistas aportando la documentación necesaria, podrán reclamar a su ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse.
La norma contempla que el incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas tendrá la consideración de faltas muy graves.
Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito del país. Las administraciones podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.
Una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local elaborará un plan de ajuste que deberá aprobarse antes del 31 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que realizará una valoración en un plazo de treinta días naturales.
