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Canarias 31 de Marzo de 2012
Denuncian el lamentable estado
de nuestros Servicios Sociales
Según el Índice DEC 2012 elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Canarias apenas alcanza una nota de 1,8 sobre 10, lo cual coloca a nuestra comunidad autónoma en los últimos puestos.


EQUO-Canarias considera del todo inadmisible que en una tierra donde el índice de paro es de los más altos del estado y los niveles de pobreza comienzan a ser preocupantes, el gobierno autónomo ponga a disposición de sus ciudadanos unos servicios sociales evaluados como de lo peor del país.
Para la formación ecosocial “es evidente que la situación que refleja el informe es claramente inaceptable, los políticos canarios en general y los competentes en materia de Servicios Sociales en particular, deberían sentirse abochornados”.

Este Gobierno, compuesto por CC y PSOE, ha sacado pecho semanas atrás por tener una de las cuentas más saneadas entre las comunidades españolas y en palabras de Paulino Rivero «Canarias cumple». Para EQUO-Canarias queda claro que sí cumple con las exigencias de los mercados y Europa pero no con las familias canarias con más dificultades. “Gestionar bien no es solo cumplir en lo económico sino saber compaginar el bienestar de sus administrados y al mismo tiempo, mantener las cuentas dentro de unos niveles de endeudamiento asumibles”, afirma EQUO-Canarias.

“Parece que la esperanza que algunos canarios habrían puesto en la entrada del PSOE en el gobierno regional como garantía de un ejecutivo más sensible con las dificultades de sus ciudadanos, se desvanece día a día a la vista de informes como este. Ha quedado demostrado que los tres grandes partidos de canarias, PP, CC y PSOE, realizan políticas similares y que merecen las peores calificaciones en cuanto se evalúan con objetividad”.

Los datos del Informe DEC 2012
Son tres los aspectos analizados y cuantificados: los relativos a Derechos y decisión política, los relativos a Relevancia Económica y los relativos a Cobertura de servicios a la ciudadanía, siendo estos últimos a los que se aplica un mayor peso. Del análisis de dichos factores se desprende, en primer lugar, que la media del país no llega al “aprobado” (4,7 puntos sobre 10) correspondiendo la mejor evaluación a Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

En el caso de Canarias nos encontramos con una situación descorazonadora en la que apenas llega la puntuación global a 1,8 y son poquísimos los aspectos en los que los niveles se acercan a la media nacional.

En relación a los Derechos y decisión política, Canarias no ha sido capaz de poner en marcha un marco normativo que garantice los derechos ciudadanos en materia de Servicios sociales, no dispone de instrumentos de planificación y ordenación del sector y no ha integrado, como si ha hecho el resto de comunidades, la protección de la Dependencia en el Sistema de Servicios Sociales. A pesar de la aprobación hace 5 años de la Ley de Dependencia, en Canarias se ha descuidado de manera sistemática este aspecto fundamental en una sociedad avanzada y cohesionada. En este aspecto Canarias obtiene 0 puntos de los 2 posibles.

En el aspecto de Relevancia Económica Canarias vuelve a mostrar sus evidentes deficiencias: El gasto por habitante en materia de Servicios Sociales es de 155,7€ (la media nacional es de 280€), el porcentaje del PIB dedicado a esta materia es de 0,8% frente al 1,25% de media del país. Por último, el porcentaje dedicado a los Servicios Sociales sobre el total de gasto, es solo del 4,15% frente al 6,9% de media estatal. Por todo ello Canarias obtiene en este aspecto solo 0,2 puntos de los 3 posibles.

Por último, en materia de Cobertura, Canarias ocupa una posición lamentable obteniendo 1,6 puntos de 5 posibles. Esta puntuación se debe a los pocos ratios en que se obtienen resultados aceptables (1 trabajador por cada 3.479 habitantes frente a 3.858 de la media nacional, 41,1 plazas de residencia por 100.000 habitantes frente a 34,5, veinticuatro horas al mes de ayuda domiciliaria frente a 16,9 horas de media y 1 plaza de 9 solicitadas para mujeres maltratadas frente a 9,8 de la media nacional).

Sin embargo, estos logros son un magro consuelo cuando se ponen de manifiesto el resto de indicadores en los que Canarias muestra un clarísimo déficit de cobertura. Particularmente sangrante resulta el llamado “limbo” de la dependencia que es el número de personas que tienen reconocida alguna prestación pero aún no disponen de ella, un 56,2% frente al 28,9% de la media estatal. Si unimos este dato al hecho de que en Canarias la cobertura por dependencia alcanza solo al 0,52% de la población frente al 1,59% de la media estatal, el escenario es desolador.