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Canarias 20 de Junio de 2012
La Cámara denuncia el veto de los bancos a la construcción y la incapacidad de las administraciones para aprobar
el planeamiento urbanístico
Los ajustes del sector público están llevando las cifras de licitación a caídas anuales superiores al 50%, tanto en obras de edificación como de ingeniería civil y las dificultades de financiación, afectan al 82,8% de los constructores canarios.

La hemorragia de pérdida de empleo en el mercado laboral de la construcción sigue sin taponarse. En tan solo un año, 16.600 personas se vieron obligadas a bajarse del andamio y la tasa de paro del sector alcanza ya el 34,18%, según refleja el Boletín de Coyuntura económica de la Construcción para el primer trimestre de 2012, elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
A lo largo de los últimos  cuatro últimos años, los empresarios de la construcción se han visto contra las cuerdas ante la sequía crediticia, la asfixia burocrática, la paralización de los planes urbanísticos,  la morosidad de las administraciones públicas y el recorte de la inversión productiva, entre otros condicionantes. De hecho, el análisis del conjunto de los indicadores económicos que arroja el boletín de coyuntura económica de la Cámara certifica la agónica situación que está viviendo una de las actividades económicas más importantes para la economía y el empleo de las islas.

Entre los problemas que acosan al sector se encuentran las dificultades de financiación,  que afectan al 82,8% de los constructores canarios, frente a una media del 45% para el resto de actividades económicas. Según la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Ángeles Palmero “existe un auténtico veto por parte de las entidades financieras a la construcción, que no sólo debe soportar el cierre del grifo crediticio y la competencia de las propios bancos como inmobiliarias, sino que, además, hacer frente a la morosidad de las administraciones públicas y del propio sector privado”.  La debilidad de la demanda es otra de los grandes obstáculos, ya que más del 82% de los constructores lo sitúan como el principal factor que limita su actividad.

La virulencia de la crisis ha hecho mella en la moral de los empresarios de la construcción  que se encuentra en el subsuelo, tal y como evidencia el Indicador de Confianza Empresarial de las Cámaras de Comercio, que sitúa el pesimismo de este colectivo emprendedor en -39,7 puntos, el valor más bajo de los dos últimos años. 

Sector acorralado
Ante este panorama, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Ángeles Palmero, demanda “medidas de estímulo que den un respiro al sector de la construcción y eviten los continuos cierres de empresas y, por tanto, de destrucción de puestos de trabajo directo e indirecto generados por el mismo”.

Además, crítica duramente “la complejidad de una administración, que es incapaz de poner en marcha instrumentos vitales para el desarrollo económico de Canarias como son sus planes generales de ordenación urbana”.  Para Angeles Palmero “es increíble que después de cuatro largos años de crisis, el Gobierno y los ayuntamientos hayan sido incapaces de buscar una solución a la parálisis urbanística de las Islas”. Añade, además, que “su ineficacia ante la propia maraña administrativa que han generado ellos mismos se ha antepuesto al interés de promover inversiones que generen empleo para los canarios”.

A juicio de la vicepresidenta de la Cámara es vergonzoso que en ocho años tan sólo 14 de los 88 municipios hayan aprobado su planeamiento. “No sé si la culpa es de los ayuntamientos, del Cabildo o del Gobierno, lo que se si sabemos los empresarios es que esta situación es inaceptable. Porque si alguien no empieza a ponerle solución a este tema, el paro seguirá cabalgando a sus anchas en Canarias”, advierte. Asimismo

Otro de los frentes que necesitan una mayor dinamización y un sólido compromiso de cooperación entre lo público y lo privado es el de impulsar políticas de rehabilitación y conservación que tengan como objetivo “mantener nuestro patrimonio público y privado, preservar nuestras infraestructuras, restituir zonas urbanas deprimidas, mejorar las infraestructuras de tratamiento de aguas y líneas energéticas o la rehabilitación integral de nuestra planta alojativa, entre otras cuestiones”, según apunta la vicepresidenta de la Cámara.