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Canarias 27 Julio de 2012
El Gobierno aprueba la regulación
de entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental
Esta certificación acredita a entidades que faciliten a las empresas y
a la Administración la verificación de la conformidad de las actividades con la normativa ambiental en materia de contaminación.
El Gobierno de Canarias, en el Consejo celebrado ayer, aprobó el proyecto de decreto por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y crea el correspondiente registro.
Esta certificación acredita a entidades que faciliten a las empresas y a la Administración la verificación de la conformidad de las actividades con la normativa ambiental en materia de contaminación en Canarias.
La evolución de la normativa medioambiental y el enfoque integrado de la misma en los distintos sectores supone cada vez un mayor nivel de exigencia de especialización técnica del control a que se somete el ejercicio de las actividades con repercusión en el Medio Ambiente.
Por otra parte, la liberalización la mayor parte de las actividades económicas requiere el concurso de entidades colaboradoras que permitan llevar a cabo las actividades de control establecidas en la legislación vigente, sin generar demoras innecesarias en la actividad económica por motivo de la Administración.
Todo ello justifica la participación de entidades colaboradoras en el campo de la contaminación ambiental, siempre bajo el control de la Administración.
Las actividades en las que podrán actuar estas entidades abarcan todos aquellos campos relacionados con la contaminación ambiental entre los que se incluyen la contaminación de la atmósfera, aguas y suelos, producida por las emisiones contaminantes, incluido el ruido y los productos químicos.
Las funciones a desempeñar por estas entidades no van a suplantar las funciones de la Administración para garantizar la efectiva aplicación de la norma ambiental vigente.
Con todo ello, se da un paso más para facilitar a las empresas el desempeño de sus actividades sin que la Administración les genere costes y retrasos innecesarios.
