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Canarias 16 de Julio de 2012
CC critica que el Gobierno imponga
una reforma de la administración local sin consultar a la FEMP
Insta al Gobierno a que abra una vía de diálogo “con los legítimos representantes de las corporaciones”.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, se reunió tras el Consejo de Ministros con cargos públicos locales e insulares pertenecientes a la organización nacionalista para realizar un primer análisis sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
CC “rechaza cualquier intento de reforma de la administración de la Administración Pública Local sin el consenso con los legítimos representantes de las Corporaciones Locales. En esete sentido, se acordó instar al Gobierno de España a que vuelva a la senda del diálogo y trate de cerrar dichas reformas con un consenso previo con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)”.

Barragán apuntó tras la celebración de la reunión que “los nacionalisyas apoyamos la delimitación de las competencias entre distintas administraciones publicas y que se eviten las duplicidades bajo la premisa de “una Administración, una competencia”.

El secretario general de CC señala, a este respecto, que “entendemos que los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de las competencias locales es un objetivo a conseguir en un plazo razonable de tiempo. Y abogamos para que una vez identificadas las competencias que un Ayuntamiento no pueda atender, se le permita presentar un plan de viabilidad de sostenimiento de esas competencias en un plazo definido de tiempo. Si esta situación no se resuelve se podría dejar a los Ayuntamientos que decidan libremente optar entre mancomunar o agrupar servicios con otros Ayuntamientos, fusionarse y, en ultima instancia, que sean los Cabildos, en el caso de Canarias, quienes pudieran ejercer dichas competencias”.

CC apoya “que las medidas propuestas no establezcan la desaparición de ningún municipio, pues en el caso de Canarias creemos que el número de Ayuntamientos se corresponde de una forma aceptable con el número de habitantes y la condición insular”.

En cambio, “nos preocupa, hasta no conocer más detalles, que los Cabildos tengan que gestionar los servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes.  En este caso, no se ha definido la financiación ni cómo se pretende resolver esa imposición de competencias”.

Barragán indica, por otra parte, que “nos parece razonable la medida de intentar redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes”.