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Tenerife 10 de Julio de 2012
El Cabildo simplificará los trámites de los expedientes de calificación territorial
La Corporación insualr reúne a los técnicos municipales para unificar criterios que permitan dar una mayor agilidad al procedimiento.
El Cabildo simplificará los trámites de los expedientes de calificación territorial para dar una mayor agilidad al proceso. Así lo confirmó la consejera insular de Planificación, Pino de León, tras la jornada organizada recientemente en el Palacio Insular con técnicos de los 31 municipios de la Isla para abordar distintos aspectos relacionados con la ordenación de los usos del suelo rústico.
El objetivo de esta jornada ha sido aclarar y unificar a nivel insular la tramitación del procedimiento de calificación territorial pero "enfatizando en la necesidad de instrumentar mecanismos de simplificación administrativa", explica Pino de León.
La consejera insular considera que es "urgente" abordar esta cuestión, "máxime en una situación de crisis como la que vivimos condicionada por la pérdida de empleo y de tejido empresarial y en la que necesitamos que todos los trámites sean rápidos y eficientes para que favorezcan la inversión y el desarrollo económico".
Esta jornada marca el inicio de una serie de reuniones de trabajo entre técnicos insulares y municipales que sirvan de herramienta de análisis y de puesta en común para buscar soluciones unificadas a nivel insular. En el marco de estos encuentros también se abordarán las dificultades a las que se enfrentan los operadores técnicos y jurídicos de los ayuntamientos a la hora de resolver los problemas que se plantean en la tramitación de los expedientes de calificación territorial.
Cabe recordar que, tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, se produjeron una serie de cambios relacionados con la reordenación de los usos de suelo rústico. Entre ellos destaca el cambio en la naturaleza jurídica de la calificación territorial, que pasa de ser un instrumento de ordenación a un acto administrativo, y la simplificación de los procedimientos para obtener las autorizaciones necesarias para implantar determinadas intervenciones en suelo rústico.
A partir de esta normativa los municipios pasan a cobrar protagonismo ya que intervienen en la fase inicial del procedimiento de otorgamiento de la calificación territorial y, por ley, se han convertido en las administraciones que autorizan determinados usos e intervenciones en suelo rústico de protección agraria a través de licencia municipal.
