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Canarias 9 de Febrero de 2012
El Gobierno ha apostado por mantener los servicios públicos esenciales para proteger a los colectivos más vulnerables
La consejera de Políticas Sociales informa sobre las medidas puestas en marcha para dar cobertura social a las personas en situación de vulnerabilidad.
"Hemos priorizado las políticas sociales que suben en un 2,58 %, este presupuesto y el de vivienda está dirigido a los colectivos con mayor vulnerabilidad social como son las familias con ingresos inferiores a 11.000 euros, la infancia, las personas dependientes, las personas mayores o las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas que han cometido delitos o aquellas con problemas de toxicomanías", afirmó este martes en sede parlamentaria la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, para informar sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para dar cobertura social a todas aquellas personas más vulnerables en Canarias.
Según explicó Rojas, "el Gobierno, siguiendo la directriz del Pacto por el Empleo, la cohesión social y la igualdad de oportunidades ha elaborado, en este ejercicio presupuestario marcado por un escenario de crisis un presupuesto encaminado a garantizar los servicios públicos esenciales y en este sentido en este departamento encargado de gestionar las políticas de cultura, deportes, políticas sociales y vivienda Con este presupuesto, lo que hemos hecho ha sido priorizar nuestras políticas y de una forma ordenada asignar competencias, conforme a lo estipulado en la Ley de Servicios Sociales las diferentes administraciones de manera que podamos llegar a la ciudadanía, desde la coherencia, la eficacia y la eficiencia".
"Este ordenamiento implica destinar la mayor parte del presupuesto directamente a las personas, por eso hemos establecido cuatro líneas estratégicas y hemos ahorrado tanto en personal como en gasto corriente", aseguró.
"Como primer línea, -enumeró Rojas-, se encuentra el Plan de Prestaciones Básicas, al que se destinan un total de 70 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias aportan casi 20 millones de euros, el Estado 3,7 millones y el resto, 49 millones, los propios ayuntamientos".
"A través de este Plan, el pasado año se atendieron a más de 300.000 personas a las que se les buscaron recursos de emergencia o de vivienda o información o incluso atención directa como ayuda a domicilio, atención a la familia, a la infancia, o incluso cheques para alimentos".
"La segunda línea que voy a destacar, no viene por el área de las políticas sociales, sino por el área de vivienda. Canarias es la comunidad autónoma con una política de vivienda más potente de todo el Estado. El pasado año el Plan de Viviendas de Canarias concedió un total de 17.343 ayudas para el fomento del alquiler, ha realizado 12.925 actuaciones en materia de vivienda joven y se han rehabilitado 16.362 viviendas. En cuanto a las ayudas al alquiler, en Canarias hay familias que pagan apenas 50 euros por el alquiler de su vivienda que ha pasado del mercado libre al protegido, pero es que además muchas familias sin ingresos no pagan prácticamente nada por el alquiler de sus viviendas sociales protegidas", explicó la consejera de Políticas Sociales.
"Así que no podemos obviar que la política de vivienda es una política social, y además una potente política social que permite a miles de familias poder disponer de una vivienda digna", enfatizó.
"Como tercera línea se encuentra la Prestación Canaria de Inserción que, con un presupuesto de 20 millones de euros que se ha multiplicado por más de cinco en los últimos cuatro años, es la principal línea contra la exclusión social con la que cuenta el archipiélago", indicó Rojas.
Según explicó, "la ley de Prestación Canaria de Inserción reconoce que existen un número de personas en el Estado de Bienestar Social, que no tiene acceso a los bienes y servicios de consumo, personas que se han apartado o han sido apartados del sistema de igualdad de oportunidades y que deben ser rescatadas por la Administración Pública. Estas familias podrán cobrar una ayuda económica, que además en aquel y en este momento, son las más altas del Estado, y que están entre 450 y 650 euros al mes, siempre que cumplan con un itinerario de inserción, que puede ser laboral, pero también de prevención de malos tratos, o de desintoxicación, o de escolarización de los menores a cargo, en definitiva un itinerario que tiene como objetivo incorporar a la familia a la normalización y socialización".
Rojas indicó que como cuarta línea de actuación, se sitúa las políticas de atención a los niños y niñas en riesgo. En este sentido, manifestó, que "el Gobierno siempre ha realizado una clara apuesta por dotar adecuadamente estas políticas y ahora lo vuelve a hacer elevando en un 6,45 % el presupuesto destinado a la protección a los niños y niñas en desamparo, tanto los que se encuentran residiendo en centros, como los que están con una familia extensa o ajena".
Por último, la consejera aludió a los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad. "Estos colectivos se encuentran enmarcados en los que el Gobierno entiende como servicios públicos esenciales y por ello no solo no se han visto vinculados a los recortes presupuestarios obligados en este escenario de crisis de ingresos por partes de las Administraciones públicas sino que incluso se han incrementado en un 7,32 % en cuanto a la Ley de Dependencia y en un 9,45 en lo que se refiere a la atención a las personas con discapacidad y personas mayores en un 9,45 %", concluyó.
