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Canarias 22 de Febrero de 2012
Tres formaciones políticas firman un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas
Sí se puede, Canarias por la Izquierda y Alternativa Ciudadana 25 de Mayo anuncian su voluntad de apoyar activamente las movilizaciones en defensa de un modelo socioeconómico más sostenible.
En una reunión mantenida este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, entre representantes de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (Lanzarote), Sí se puede (Tenerife) y Canarias por la Izquierda (Gran Canaria), se acordó hacer público el rechazo de las tres formaciones a las anunciadas prospecciones en busca de petróleo en aguas cercanas a Canarias.
Para las tres organizaciones de la izquierda verde canaria la propuesta defendida por el Gobierno español de realizar prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas representa un peligro para el futuro ambiental y económico de Canarias, que no tendrá efectos positivos.
Las formaciones ecosocialistas canarias consideran que la decisión sobre un asunto de tanta envergadura no se puede tomar de forma apresurada, siguiendo la lógica que marcan agentes externos a Canarias y a nuestro interés colectivo. Bien al contrario, tiene que ser el resultado de un debate informado, profundo y sosegado, contando con la participación de la sociedad, de todas las administraciones involucradas y con la aportación desde la comunidad científica y técnica de datos rigurosos que ayuden a cualificar esta deliberación.
Desde Sí se puede, Canarias por la Izquierda y Alternativa Ciudadana 25 de Mayo manifiestan su preocupación por el impacto ambiental y ecológico que esta actividad supone, tanto en la fase previa de estudio y exploración de los fondos submarinos, como después, en las eventuales extracciones. En este sentido se suman a lo ya dicho por diversas organizaciones ecologistas que advierten del peligro que suponen, desde un primer momento, los estudios sísmicos para determinar si existe crudo en el fondo marino, pues “los niveles de intensidad sonora afectarán, entre otros, a los cetáceos que se concentran en esas aguas, y las convierten en unas de las de mayor riqueza del Planeta, digna de protección internacional”.
Para las organizaciones de izquierda también hay que tener muy en cuenta que actualmente a Fuerteventura y Lanzarote llegan más de tres millones de turistas al año, que representan la principal fuente de ingresos y cuyas instalaciones están situadas mayoritariamente en la costa oriental, la que previsiblemente podría quedar más afectada en caso de derrames y fugas de crudo. Igualmente existe un importante problema relativo a la situación de las desaladoras, la principal fuente de agua en esta zona del Archipiélago, que también están ubicadas en gran parte en esta parte de las Islas y que se pueden ver muy perjudicadas en caso de llegada de vertidos.
Las organizaciones que participaron en el encuentro de Gran Canaria consideran que los posibles beneficios económicos de esta actividad van a quedar fuera de Canarias, ya que “no tenemos personas preparadas para este tipo de trabajos y la empresa beneficiada será REPSOL, que tiene todos sus intereses fuera de las Islas”. Hacen igualmente un llamamiento a favor del principal recurso energético que tiene Canarias, basado en las energías renovables, donde aun queda mucho trabajo por hacer y es un recurso limpio e ilimitado. Para Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, Sí se puede y Canarias por la Izquierda la actividad extractiva de petróleo va asociada, en el mapa mundial de los recursos minerales más valiosos, a la inestabilidad política y al espectro de la guerra. Canarias, “que aspira de forma mayoritaria a consolidarse como un territorio de paz y neutralidad activa, se colocaría en un riesgo innecesario, que puede conjurar perfectamente con un modelo energético autocentrado, basado en las energías renovables, y que puede exportar conocimiento y tecnología al respecto a los países vecinos del Continente Africano”.
Las tres organizaciones anuncian finalmente su voluntad de apoyar y participar activamente en todas las acciones consensuadas que se puedan emprender para exigir la defensa del medio ambiente, un modelo socioeconómico más sostenible y el respeto a nuestra capacidad colectiva de decidir.
