Cerca de 400 empresarios y profesionales se dieron cita en esta jornada que fue inaugurada por el director general de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta Antequera, y la Socia Directora de PwC en Canarias, Ana López Mesa, que coincidieron en señalar que la reforma laboral era “absolutamente necesaria” para dar una mayor flexibilidad a un mercado laboral que se ha demostrado excesivamente rígido, tal y como lo ponen de relieve las altas tasas de desempleo y de mortalidad empresarial.
Aunque el director general de la Cámara valoró como positiva la reforma laboral, expresó su confianza en que “durante su trámite parlamentario se contribuya a alcanzar un mayor consenso y se eliminen algunas disfunciones como la incertidumbre que genera la ambigüedad en algunos aspectos como los causas de despido”.
Precisamente para clarificar las nuevas reglas del juego que rigen el mercado de trabajo, tanto desde el punto de vista empresarial como jurídico, la jornada contó también con la participación de la Responsable del Departamento de Derecho Laboral en Canarias, Silvia Pérez Hernández, del Socio-Director del Departamento de Derecho Laboral de PwC, Salvador Alvarez Vega, y del Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Dorestes
Proteger el empleo
Durante su intervención, la responsable del Departamento de Derecho Laboral en Canarias apuntó que la reforma laboral aprobada por el Gobierno permitirá a los empresarios proteger el empleo en épocas de recesión económica, ya que podrán flexibilizar las condiciones de trabajo de sus trabajadores antes de recurrir al despido de parte de la plantilla o realizar ajustes parciales para salvaguardar el empleo del resto.
Asimismo, aseguró que es una de las reformas más importantes y profundas en nuestro ordenamiento jurídico laboral en la historia de la democracia”. Silvia Pérez considera, además, que sirve para dotar de flexibilidad al mundo de las relaciones de trabajo, acercándonos un poco más a las normativas de otros países de la Unión Europea.
No obstante, señaló también que “la Reforma Laboral no creará empleo por si sola, ya que hacen falta nuevas medidas de fomento económico y del consumo, así como que empresarios y representantes de los trabajadores sepan utilizar adecuadamente las herramientas ofrecidas por esta reforma laboral.
A su juicio, esta reforma no será la "panacea" que acabe inmediatamente con la destrucción de empleo ni provocará un aumento "repentino" de la contratación. Sin embargo, cree que se trata de un "paso adelante" porque permite al empresario actuar sobre variables como la movilidad geográfica y funcional, el salario, las condiciones de trabajo o la suspensión o reducción temporal de la jornada para evitar el despido
Protagonismo de los jueces
Por su parte, el Socio Director del Departamento de Derecho Laboral de PwC, Salvador Álvarez, explicó que el protagonismo que se da a los jueces en el nuevo marco de relaciones laborales parte de la eliminación de la autorización administrativa previa por la Autoridad Laboral en las suspensiones de contratos de trabajo o en las reducciones de jornada, así como en los despidos colectivos.
En este sentido, Salvador Álvarez, que fue director general de Relaciones Laborales en Cataluña, considera que con estos cambios la normativa española se adecúa a la normativa europea, donde la autorización administrativa en los despidos colectivos era una excepción. A su juicio, esta intervención judicial “puede suponer, de entrada, un aumento de la conflictividad, pero también puede dar paso a una madurez y modernidad de nuestro sistema de relaciones de trabajo”
No obstante, el Socio-Director del Departamento de Derecho Laboral de PwC, destaca la importancia que sigue teniendo alcanzar acuerdos con la representación los trabajadores que eviten en la medida de lo posible llegar a los tribunales y establecer nuevos modelos de relaciones laborales que apuesten por la flexibilidad interna de las empresas en lugar de acudir a los despidos.
Por otra parte, según los expertos de PwC, los cambios en el despido simplifican la "enorme complejidad e inseguridad" que suponían los despidos colectivos en España por el encarecimiento de las indemnizaciones, la dificultad de obtener la autorización laboral y la indefinición del despido objetivo.
Además, el despacho de abogados asegura que la aproximación de los costes de terminación de contratos a los de los países del entorno ya no supondrá un "lastre" para posibles oportunidades de inversión en España.