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Canarias 14 de Enero de 2012
Inician los estudios para la redistribución de efectivos y reordenación de puestos de trabajo
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la puesta en marcha de medidas para la racionalización y distribución de efectivos y puestos de trabajo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este acuerdo contempla la realización de análisis detallados de las disponibilidades de efectivos y puestos de trabajo y de las necesidades de personal -cuantitativas y cualitativas según perfiles profesionales y cualificación requerida- y de cargas de trabajo. Ésta es la primera vez que se realiza un estudio pormenorizado de este tipo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El objetivo de este acuerdo es localizar, en una primera fase, los servicios en los que puede existir necesidad de aumentar recursos humanos y aquéllos en los que la carga de trabajo es inferior. En una segunda fase, se estudiará la posibilidad de traspasar a empleados públicos de los servicios menos ocupados a aquéllos que están más saturados en cada momento, diseñando para ello los mecanismos administrativos que hagan viable con agilidad esta acción. Todo ello, para seguir avanzado en la mejora de la gestión de la Administración y en la atención a los ciudadanos.
El Gobierno de Canarias considera que la planificación de los efectivos y la utilización más eficiente de los mismos son instrumentos esenciales para el adecuado funcionamiento de las administraciones públicas, lo que resulta especialmente necesario en situaciones como la actual, con un fuerte agravamiento de la situación económica, donde los recursos disponibles son limitados y han de buscarse fórmulas que permitan avanzar en la eficacia en la prestación de servicios.
El proceso de racionalización de efectivos y de puestos de trabajo se realizará por fases. El acuerdo aprobado contempla un primer estadio en el que se delimitan las áreas funcionales en las que se deben comenzar los estudios y análisis que conlleven a un mejor dimensionamiento y eficiencia de la estructura de recursos humanos.
Las primeras áreas objeto de análisis son las de Recursos Humanos (gestión de Personal y Nóminas) Registro; Mantenimiento, Conductores y Subalternos; Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; Subvenciones y Aportaciones dinerarias: Contratación y Encomiendas de Gestión; Inspección, y Gestión de Ingresos Públicos. El Gobierno de Canarias considera preciso iniciar los estudios en dichos departamentos al ser trasversales y prioritarios para el funcionamiento de la Administración.
Para efectuar este proceso se constituirán dos grupos de trabajo; uno de coordinación, presidido por la Viceconsejería de Administración Pública e integrado por altos cargos de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economía y Hacienda, y otro técnico, formado por personal funcionario o laboral de todas las consejerías del Gobierno de Canarias con conocimiento específico en las áreas objeto de estudio.
El grupo de coordinación se constituirá en el plazo de los 15 días siguientes a la aprobación del acuerdo y posteriormente determinará el plazo de creación y la periodicidad de las reuniones del grupo técnico. La constitución de estos grupos no generará gastos extras para las arcas canarias tal y como se contempla en las medidas de ahorro del gasto aprobadas por el Ejecutivo canario.
Una vez efectuado el análisis y el estudio de cada una de las áreas, el grupo de coordinación propondrá la fijación de criterios objetivos sobre el adecuado dimensionamiento de cada área al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad quien, en el caso de que resulte necesario, dictará una Orden de distribución de efectivos y/o puestos de trabajo en cada área funcional.
Finalizado el estudio de las ocho primeras áreas el Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, determinará las siguientes áreas funcionales objeto de análisis.
Los empleados públicos que sean objeto de una distribución recibirán la formación necesaria para el adecuado desempeño de sus tareas a través del Instituto Canario de Administración Pública.
