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Canarias 20 de Diciembre de 2012
“La reducción salarial del 20 % propuesta
por CC y PSC contraviene la normativa europea,
es discriminatoria y se podría estar incurriendo
en un delito de prevaricación”
Así lo expresa la Plataforma de Empleados Públicos afectados por el recorte.
La plataforma de Empleados Públicos afectados por el recorte salarial
y de jornada del 20% que pretende llevar a cabo el Gobierno de Canarias,
quieren señalar que esta medida en la que se empecinan Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSC) es manifiestamente discriminatoria e ilegal, y que tanto los representantes políticos de CC como del PSC son perfectos conocedores de ello, por lo que podrían estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación, ante lo cual no descartan emprender medidas judiciales.

Hay que recordar que esta propuesta fue presentada vía enmienda conjunta de ambos grupos el pasado lunes para su inclusión en el proyecto de presupuestos para el año 2013, argumentando supuestas razones de estabilidad presupuestaria.

Esta propuesta, señalan, “supone asimismo una auténtica desvergüenza política, ya que ni se les ha pasado por la cabeza proponer como mínimo un similar porcentaje de recorte sobre los salarios de consejeros, altos cargos y asesores, sobre los cuales –si acaso-, como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, sólo se les haría recaer un 6,7% de reducción, equivalente al porcentaje que se han visto aminorados los presupuestos 2013. Ni tampoco se reducen dietas ni una mínima parte de las decenas de millones de euros previstos para estudios y proyectos con empresas externas que podrían llevar a cabos los propios trabajadores públicos”. También recuerdan “que si se aplicara una reducción del 1% sobre el salario de todo el colectivo de trabajadores públicos se obtendría igual cantidad que la que se pretende obtener asfixiando a 3.300 personas. Aplicar esta medida sólo al personal laboral temporal, indefinido por sentencia o resolución administrativa y a los funcionarios interinos, un colectivo minoritario de 3.300 personas sobre un total de 60.000 empleados públicos, sobre los que se hace recaer todo el peso de la reducción salarial, es una flagrante discriminación, ya que no se ajusta a la normativa comunitaria vigente, según recoge la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 175/43 10.7.1999): Así, el Principio de no discriminación en las condiciones de trabajo, recogido en la cláusula 4, detalla que no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Y son varias las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comisión de las Comunidades Europeas, que avalan el hecho de que el tipo de contrato no es una razón objetiva que justifique la aplicación de la discriminación. La medida es doblemente discriminatoria porque no se aplica en todas las Consejerías del Gobierno de Canarias”.

Plataforma de Empleados Públicos