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Canarias 3 de Diciembre de 2012
La colaboración público-privada es sinónimo de privatización de la sanidad
Repuesta de la FADSP al comunicado oficial del IDIS con respecto
a la supuesta defensa del sistema sanitario público por parte de esta entidad representativa de la patronal sanitaria privada.
El IDIS trabaja para impulsar el crecimiento de los seguros sanitarios privados, y apoya encarecidamente su desgravación fiscal, lo que además de injusto e insolidario con las personas que no pueden pagárselo, contradice sus afirmación de defensa de un sistema público y gratuito para todos los ciudadanos.
Entre los socios del IDIS se encuentran las empresas privadas del sector y los fondos de inversión extranjeros que se están quedando con el sistema sanitario español: Capio, Grupo Quirón, USP hospitales, Sanitas y Adeslas, junto a farmaindustria y la industria de las tecnologías y otras empresas que actúan de patrocinadoras y ejercen directamente su influencia sobre el sistema sanitario a través del IDIS en detrimento de otras empresas del sector, cuestionando la “libre competencia” como son la General Electric, y Philips, las CF Sanofi, Novartis y Zeltia.
Únicamente la propia constitución del IDIS echa por tierra el primer punto del comunicado, dado que un sistema sanitario público está gestionado por la administración pública y los hospitales del IDIS están gestionados por empresas privadas y por fondos de inversión, cuyo único objetivo es ganar dinero por medios especulativos, como todo el mundo sabe y su propio nombre indica: Capio, del fondo de inversión británico CVC, el grupo USP-Quirón, del fondo de inversión británico Doughty Hanson, Sanitas, de BUPA, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido, además de los hospitales de Adeslas, que pertenecen a la sociedad Goodgrower (80%) y a Criteria de Caixa Catalana. (20%).
Así que estos movimientos especulativos, si significan “privatizar la sanidad”
La opacidad y los intereses cruzados de estas ventas y la imposibilidad de control democrático por parte de los ciudadanos sobre esta gestión sanitaria privada, cedida a empresas como Capio, que se permiten el lujo de ni tan siquiera hacer públicos los nombres de sus asociados y cuadros directivos, suponen una clara merma de derechos de la población y de transparencia en el control de las instituciones pública.
Las empresas financiadoras y las constructoras de los hospitales de gestión privada de Madrid han sido rescatadas o tienen graves dificultades financieras: ACS y Abertis (primer accionista de Capio) forman parte, junto a la antigua Caja Madrid de la concesionaria “Accesos a Madrid” en preconcurso de acreedores, así como FCC, que forma junto a Bankia y otras entidades, globavía, también en preconcurso de acreedores. Las Acciones de ACS, Acciona y FCC han caído en picado en los últimos años y se encuentran en mínimos históricos Solo ACS pierde 1.099 millones de euros en los 9 primeros meses de 2012 BEGAR y PLODER están en situación de concurso de acreedores desde hace más de 2 años
Ante estos datos parece que el único objetivo para invertir en sanidad de estas empresas es la de “hacer negocio”
Por otra parte y según los indicadores del Ministerio de Sanidad, los Hospitales del Sistema nacional de Salud tienen 67 médicos y 126 enfermeras/100 camas y los Centros privados: 16 médicos y 43 enfermeras/100 camas, es decir 76% menos médicos y 66% menos enfermeras, por lo que desde la FADSP podemos asegurar que los modelos de colaboración público-privada y la gestión de la sanidad por empresas privadas si implican una merma en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos y conlleva necesariamente la pérdida de miles de puestos de trabajo y como consecuencia mayor precariedad y menor calidad asistencial.
No tardaremos en comprobar que los problemas de salud pasarán a los primeros puestos en las preocupaciones de la población, sobre todo de las personas más enfermas y con menos recursos, tradicionalmente “menos interesantes" para la iniciativa privada.
En la FADSP consideramos el comunicado del IDIS como una agresión a la inteligencia de la ciudadanía, y apelamos a la responsabilidad de sus asociados, para que trabajen en la búsqueda de otras alternativas que resuelvan sus problemas de tesorería, y cumplan el mandato de la Ley General de Sanidad que ha permitido la creación de un SNS con financiación y gestión pública, universal y gratuito en el momento del uso y envidiado por los países de nuestro entorno.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
