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Canarias 4 de Diciembre de 2012
Rojas: "Canarias financia en un 80%
el sistema de Atención a las Personas
en situación de Dependencia"
El Estado reduce las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, por lo que alrededor de 11.000 personas cobrarán un 15 % menos.
"Cada vez es mayor la diferencia en la financiación entre las Comunidades autónomas que destinamos el 80% de la financiación a mantener el sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia, ya que el Estado sólo aporta el 20%, cuando la Ley es clara y obliga a un 50 a 50", explicó ayer en sede parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, donde compareció para informar para informar sobre las consecuencias para las políticas de servicios sociales y Dependencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Rojas explicó que, en relación al Sistema de atención a las Personas Dependientes, "el Gobierno del Estado suprimió en 2012 el llamado nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros y por el que Canarias recibía en torno a 7 millones y medio de euros. Este año también lo ha eliminado. Por lo que el Estado incumple el artículo 32 de la Ley, el artículo que dispone la financiación del sistema".

La consejera recordó que "ya las Comunidades autónomas habíamos denunciado que el Sistema de financiación era injusto porque no acometía el coste real de los servicios sino el estimado".

"El Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el 'nivel mínimo'. Esa financiación global se estipula en los presupuestos generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas en base al número de personas dependientes, su grado y nivel. Estos datos no corresponden al coste real de los servicios, sino al número de personas dependientes. De esta forma, por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.000 euros. En aplicación de este nivel, las Islas han ingresado por parte del Estado unos 22.750.000 euros por los 117.000.000 que aporta", aclaró.

"Con este presupuesto, Canarias mantendrá todos los centros de atención a las personas dependientes. Y estamos hablando de 13.000 plazas. Este Gobierno se compromete a no cerrar los centros de atención a mayores, personas con discapacidad y personas dependientes y además pagará las 11.000 prestaciones económicas tanto las vinculadas al servicio como de cuidados en el entorno familiar. Por lo tanto, cada vez es mayor la diferencia en la financiación entre las Comunidades autónomas que destinamos el 80% de la financiación a mantener el sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia, el Estado aporta el 20% cuando la ley es clara y obliga a un 50 a 50".

En relación a la aportación al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, Rojas recordó que "en 2012, el Estado aportaba a la red de servicios sociales comunitarios, la cantidad de 49.9143.000 euros, para todas las Comunidades autónomas mientras que para 2013 se rebaja en un 39,8 % quedándose en 30 millones de euros. Si comparamos presupuesto inicial 2012 para Canarias, con presupuesto inicial 2013 el descenso es de nada más y nada menos que un 68,15 %".

"También se ha rebajado sustancialmente el presupuesto para la atención a menores extranjeros no acompañados. Si en 2011 el Estado aportaba 10.000.000 millones de euros, en la actualidad su aportación es de tan solo 1.300.000 euros por lo que los niños africanos dejan de ser una competencia del Estado para volver a ser casi exclusivamente de Canarias".

Rojas hizo mención a una partida presupuestaria "que no es significativa económicamente hablando pero que si lo es ideológicamente y es la desaparición de la partida para los programas contra el maltrato infantil y el de atención a los jóvenes bajo medidas judiciales. No olvidemos que Canarias eleva en un 8 % su partida de atención a la infancia en protección y riesgo".

11.000 personas dependientes canarias cobrarán un 15%
Por otro lado, Rojas recordó que "el Estado reduce las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, por lo que alrededor de 11.000 personas cobrarán un 15 % menos. Eso significa que entrará una menor aportación del Estado a Canarias", en su comparecencia para informar sobre los cambios previstos por el Gobierno de España en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Según explicó la consejera de Políticas Sociales, "a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, ya no es obligatorio para los nuevos cuidadores no profesionales suscribir el convenio especial con la Seguridad Social, y se establece con carácter voluntario. Si optan por suscribir este convenio, las cuotas son íntegramente a su cargo".

"Para los cuidadores que ya estuvieran en la Seguridad Social pueden optar hasta por abonar el 85 % de las cotizaciones desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2012. Después de esa fecha, si quieren suscribir convenio con la Seguridad Social lo pagarán íntegramente. Esto significa que la reducción real es bastante más de un 15 %", matizó Rojas quien indicó que "el Estado empezó a aplicar estas medida desde el pasado mes de agosto".

"Además, el Estado suprime completamente, o sea se elimina la partida correspondiente al nivel acordado, que es de otros 200 millones de euros y que para Canarias se establecía en torno a los siete millones y medio de euros", aclaró.

Asimismo, la consejera indicó que entre los cambios contemplados, se incluyen la eliminación de los niveles, de tal forma que, tan sólo habrá grados y se rebajan las horas máximas de ayuda a domicilio.

"Esto implica que tendremos que volver a modificar nuestro Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia. Un decreto que ha sido fruto de un trabajo técnico pero también político, porque hemos alcanzado un amplio consenso con los Cabildos Insulares y las Organizaciones del Tercer Sector, a las que les fue sometida la norma, en su fase de proyecto"

"En este sentido, el Decreto establecía para el Grado III entre 55 y 90 horas al mes y la Resolución del Estado entre 46 y 70; para Grado II, nosotros lo establecíamos entre 30 y 55 y ahora se rebaja entre 21 y 45 horas al mes y, por último, los de Grado I - que no entrará en vigor hasta 2015- , nosotros determinamos entre 12 y 30 horas y el Estado lo reduce a un máximo de 20 horas al mes", aclaró.

"En estas medidas, que son fruto de la evaluación del sistema, también se incluye que el Sistema de aquí en adelante, primará la prestación de servicios a la de prestaciones económicas porque entiende que esta segunda medida era la excepcionalidad de la ley y que, sin embargo, se ha convertido en la prestación más común", manifestó.

"Igualmente, a partir de la entrada en vigor del RD-L, o sea el pasado agosto, será la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales, la que determine si al beneficiario le corresponde la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, no dependiendo por tanto, de la elección del propio beneficiario, familiares o representante", explicó la consejera de Políticas Sociales.

Por otro lado, las modificaciones exigen que se trate de forma prioritaria a las personas de mayor grado de dependencia y sobre todo los grandes dependientes y de forma progresiva al resto ya que hasta ahora se atendía por estricto orden de entrada.

"En definitiva, las últimas modificaciones introducidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, mediante Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, así como el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 10 de julio de 2012, para la mejora del SAAD hacen necesario, volver a adaptar de prácticamente toda nuestra normativa reglamentaria en la materia", dijo.

"Por tanto, ese decreto tiene efectos normativos y efectos económicos que en este último caso no benefician sino todo lo contrario a las Comunidades Autónomas y que entendemos que significan un cambio significativo en la Ley", concluyó Rojas.