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Canarias 16 de Abril de 2012
El PP pide facilitar el cumplimiento
de las penas de trabajo por la comunidad
El Parlamento de Canarias debatirá hoy una propuesta que insta
al Gobierno a firmar convenios en este sentido.
El Parlamento de Canarias debatirá hoy en Comisión una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno autonómico a suscribir convenios con otras administraciones o entidades que desarrollen actividades de utilidad pública, con el fin de facilitar a la Administración penitenciaria plazas disponibles de trabajos en beneficio de la comunidad.
La propuesta, presentada por el diputado Emilio Moreno, apunta que estos convenios habrían de cubrir la totalidad del Archipiélago, tanto en su modalidad de cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, como en la participación por el penado en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual u otros similares.
Según reza el texto, se mostraría el interés del Gobierno de Canarias en ofrecer una cobertura satisfactoria y de colaboración plena en dicha materia y se estaría facilitando el cumplimiento de los fines de reinserción y rehabilitación que se persigue con las penas.
Comunidades Autónomas como la Xunta de Galicia (Convenio de fecha 14 de diciembre de 2011) o el Gobierno de Aragón (Convenio de 29 de julio de 2011) ya han suscrito con el Ministerio del Interior estos Convenios de Colaboración, de parecido alcance, para el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Reforma Legal
La última reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, supuso una ampliación del contenido de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en lo que a su contenido estricto se refiere.
Junto a la prestación por el penado en la cooperación voluntaria no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública se prevé su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Sobre esta base, el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, refleja esta ampliación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que ya no verá limitada su aplicación a la prestación exclusiva de actividades no remuneradas de utilidad social sino que cabe la posibilidad de “la eventual participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación de contenido y proyección plural –laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, no restringidas, como hasta ahora, a la seguridad vial”.
El citado Real Decreto dispone que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local por lo que, a tal fin, podrán convenios como el que es objeto de la Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, debiendo remitir mensualmente a la Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
