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Canarias 26 de Abril de 2012
“El Estado ha echado por tierra
los esfuerzos de Canarias para reducir
el abandono escolar y aumentar las tasas de rendimiento”
El vicepresidente y consejero de Educación manifestó que su Gobierno se reserva el derecho a presentar recurso de inconstitucionalidad sobre las medidas tomadas por el Estado.
El Gobierno de Canarias persistirá en su empeño no sólo de mantener unas plantillas docentes que garanticen las mejoras que el sistema educativo necesita, sino que intentará que las ratios profesor-alumno no suban, según afirmó el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, a pregunta parlamentaria sobre las previsiones que tiene su departamento para hacer frente a los ajustes planteados por el Gobierno de España a las Comunidades Autónomas.
"El Gobierno de Canarias seguirá haciendo sustituciones en las mejores condiciones posibles, hará todo lo que esté en su mano para mantener las tasas universitarias más bajas del Estado como viene ocurriendo hasta ahora e impulsará un gran acuerdo político y social por la educación, que nos permita superar unidos esta dificilísima situación", dijo Pérez
Explicó el vicepresidente que el Estado ha echado por tierra los esfuerzos de Canarias para lograr reducir el abandono escolar y aumentar la tasa de rendimiento. "Este no es ni el modelo, ni la herencia dejada por el Gobierno de España anterior, y va más en la línea de que la Educación la pague quien pueda”, agregó.
Respecto a los ajustes planteados en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, como analizó Pérez en el pleno anterior, inciden fundamentalmente en los Programas de Cooperación Territorial, y van referidos a la financiación complementaria y extraordinaria derivada de la LOE y de la voluntad de prorrogarlas del ministro Gabilondo.
Recorte adicional
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, referida al recorte adicional de 3.000 millones de euros, anunciadas por el ministro Wert en las últimas Conferencias Sectoriales de Educación y Universidades y recogidas en el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado en esa misma fecha, dijo no incidían sobre la cobertura y la calidad de la educación.
Pérez manifestó al respecto que, "este juicio sólo lo comparten el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular por razones obvias".
La primera estimación realizada por el Gobierno de Canarias sobre las consecuencias de la aplicación de estos ajustes, no coincide con la valoración del ministro sobre el impacto que dichas medidas tendrán en la calidad y la equidad de la Educación.
"El aumento de horas lectivas, el alargamiento de los plazos para sustituir a los profesores de baja por enfermedad, la limitación de la oferta en las modalidades de Bachillerato, el aplazamiento en los nuevos módulos de FP, junto con el aumento de la ratio en un 20% tendrá consecuencias no solo en la calidad y equidad educativas, sino que según nuestras estimaciones, puede suponer el despido de 3.550 docentes aproximadamente, y en nada favorecen a la enseñanza", explicó.
"Estas medidas urgentes tienen el carácter de normativa básica para todo el Estado y, por tanto, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias está obligada a implantarlas en su ámbito de actuación. Canarias no las comparte y se reserva el derecho a presentar un posible recurso de inconstitucionalidad", afirmó.
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, consciente de su responsabilidad institucional, no podrá eludir la implantación de algunas medidas, pero tratará de reducir, a juicio de Pérez, las consecuencias que tendrán sobre el profesorado y sobre las condiciones de aprendizaje del alumnado.
"Estas medidas, que entrarán en vigor de forma inmediata, suponen un cambio imprevisto en la planificación del curso escolar 2012/2013 cuyas consecuencias indeseables tendremos que analizar detenidamente. En cualquier caso, esta forma de actuar pone de manifiesto un total desprecio hacia el resto de administraciones públicas, hacia las familias, hacia el profesorado y el alumnado", relató.
