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Canarias 18 de Abril de 2012
El Gobierno de Canarias y la Fiscalía
de Canarias inspeccionarán de forma conjunta los centros de atención a personas mayores y con discapacidad
Inés Rojas y Vicente Garrido firmaron ayer un convenio de colaboración en materia de protección a personas mayores y con discapacidad residentes en centros públicos y privados.
"A través de este convenio se establece un protocolo que velará no sólo por la atención a los usuarios de los centros y servicios para personas mayores y con discapacidad, sino que también por su seguridad jurídica", afirmó ayer la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, durante la firma con la Fiscalía de Canarias de un convenio de colaboración para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolo de actuación entre la Consejería y la Fiscalía en materia de protección a personas mayores y a personas con discapacidad residentes en centros públicos o privados de la Comunidad autónoma.
"Se trata pues de un convenio marco por el que se establece la cooperación administrativa relacionadas con la autorización, registro, inspección y cierre de centros y servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados", aclaró la consejera de Políticas Sociales.
Rojas subrayó la importancia de este convenio, "en el que se viene trabajando desde hace la legislatura pasada", ya que mediante él, "se regula la cooperación administrativa para la realización, entre otros objetivos, de inspecciones conjuntas e intercambio de información entre la Fiscalía de Canarias y el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración".
Por su parte, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Garrido, destacó la firma de este acuerdo "mediante el cual se establecen los cauces y mecanismos dirigidos a garantizar la eficacia en el control de la gestión de los centros, servicios e infraestructuras con el fin último de garantizar el bienestar de estas personas".
Un total de 20 centros cerrados en el período 2006-2010
Según indicó Rojas, "entre los años 2006 y 2010, un total de 20 centros se han cerrado, la mayoría de ellos por no cumplir con la normativa vigente en cuanto a la ordenación, autorización, registro e inspección y régimen de sanciones de centros", contemplados en el Decreto 63/2000, de 25 de abril.
Por su parte, Garrido manifestó que "la gran parte de las denuncias no llegan desde el ámbito de las familias sino que son resultado de un trabajo rutinario y perfectamente establecido de los Servicios de Inspección, tanto del perteneciente a la Fiscalía como del que pertenece a la Viceconsejería de Políticas Sociales".
En este sentido, el Fiscal Superior afirmó que tras la orden de cierre de un centro "lo difícil y más complicado es realojar a las personas residentes, algo en lo que a veces se cuenta con la oposición de sus familiares".
En cuanto a las Inspecciones efectuadas, Rojas indicó que, en los dos últimos años, el Servicio de Inspección dependiente de su departamento ha llevado a cabo un total de 68 inspecciones a centros.
