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Canarias 15 de Septiembre de 2011
El gobierno consolidará un banco
de familias de acogida para que menores no crezcan en centros"
La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, explicó en el Parlamento los objetivos de su departamento en materia social.
"Uno de los principales objetivos de la Consejería para esta legislatura es consolidar un banco de familias acogentes", indicó la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en comparecencia parlamentaria para explicar las políticas y los objetivos del área de Políticas Sociales del Gobierno.
"Esta iniciativa se enmarca dentro de la elaboración del nuevo Plan Integral de Atención a la Infancia, en el que debemos vincular aún más la infancia a la familia. Hay que tratarla como una globalidad y buscar el mejor camino para que los niños y niñas crezcan en el seno de una familia, sea ésta la biológica, la acogente o la adoptante", aclaró Rojas.
Según explicó la consejera de Políticas Sociales, "se dará apoyo especialmente a aquellas familias con más riesgo de vulnerabilidad como pueden ser las familias mono parentales con niños menores de un año, o aquellas que se encuentren en situaciones especiales, con el fin de prevenir su exclusión social o la desintegración familiar".
"Si esto no es posible, porque la familia no reacciona a los programas de intervención, tendremos que ser capaces de encontrar una familia de acogida para esos niños y niñas. No va a ser fácil, sobre todo en estos tiempos que corren con una crisis económica que frena algunas solidaridades, sin embargo, - aclaró- soy optimista y trabajaremos desde la administración y también desde las organizaciones no gubernamentales para conseguir este objetivo".
"En la actualidad, alrededor de un 50 % de niños en desamparo viven en el seno de una familia. Queremos elevar ese porcentaje hasta el 75 %", indicó.
Asimismo, Rojas aclaró que otro de los objetivos de esta Consejería en materia de Políticas Sociales, es potenciar la adopción nacional "sobre todo la de aquellos niños en situaciones especiales, para los que no existe lista de espera".
"En definitiva, queremos proteger a los niños y niñas canarios en desamparo en el seno familiar, no en un centro, por lo que pretendemos modificar la concepción de la protección a la infancia en Canarias", afirmó.
Consolidación del Sistema Canario de Atención a la Dependencia en 2014
"La consolidación del Sistema Canario de Atención a la Dependencia quedará concluido en 2014, un año antes de lo establecido por la ley estatal de Dependencia, para su total aplicación", manifestó Rojas.
Para ello, explicó, “estamos trabajando con un equipo técnico de expertos en el que participan el Gobierno y las entidades locales. Además, desde la Consejería estamos elaborando una importante normativa que regulará la capacidad económica del beneficiario, el coste de los servicios, el régimen de acceso a las plazas, el régimen del servicio a domicilio y el decreto de autorización, acreditación, registro, inspección y régimen sancionador de centros y servicios sociales”.
Asimismo, Rojas explicó que se está elaborando el anteproyecto de ley de Derechos Sociales, "un documento que garantizará los derechos y prestaciones sociales mediante la conformación de un Sistema integrado de servicios sociales, que incluya la redefinición, ordenación y racionalización de los recursos y competencias entre las Administraciones públicas canarias con la participación de las entidades e instituciones colaboradoras del tercer sector, incluyendo al empresas de economía social".
La consejera de Políticas Sociales dijo que, entre los objetivos de su departamento en materia social, se encuentra la revalorización del Plan concertado de Prestaciones Básicas, con el fin de "consolidar nuestra colaboración con la administración local para integrar los servicios derivados de la atención a la dependencia, la Prestación Canaria de Inserción o la ayuda a domicilio, en la cartera de servicios financiados a través de este Plan".
Según Rojas, esta línea de actuación supone "la racionalización de los recursos en colaboración con la administración que tiene la competencia de atender directamente a la ciudadanía".
"Una actuación que, sin duda, redundará en la sostenibilidad de los servicios sociales básicos y garantizará la financiación para poder llegar a alrededor de trescientas mil personas que pudieran ser demandantes de servicios sociales", concluyó.
