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Canarias 9 de Septiembre de 2011
Las empresas de economía social aportan 4000 millones de euros anuales
a la cohesión social y territorial española
Según datos arrojados por un novedoso y pionero estudio realizado
por CEPES y Abay Analistas Económicos y Sociales.
Este estudio denominado “El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de economía social”, avala el comportamiento diferencial en el mercado de las empresas de Economía Social, cuantificando su contribución económica a la cohesión social y territorial. Por primera vez, este análisis de impacto económico se ha hecho sorteando las dificultades que presenta la contabilidad nacional y las fuentes estadísticas, que no contemplan claramente a este tipo de entidades.
Las Economía Social es una realidad incuestionable en el escenario socioeconómico español. Más de 45.000 empresas, 2.350.000 empleos y una facturación que ronda los 100.000 millones de euros, avalan esta afirmación, según declaraciones del presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
Para el Presidente de CEPES, esta realidad económica, coexiste con un importante desconocimiento de sus principios y sobre todo, de su significativa contribución a la sociedad. Considera que la Ley 5/2011 de Economía Social va a contribuir sin duda alguna a visualizar este modelo de empresa, cuyas características y principios de funcionamiento, si bien se han analizado ampliamente desde diferentes disciplinas, ha sido difícil traducirlos a efectos cuantificables y valorables.
Por este motivo, CEPES decidió abordar la realización de este estudio, con la colaboración técnica de Abay Analistas Económicos y Sociales, con el objetivo de esbozar un análisis del impacto socioeconómico de las entidades de economía social dentro de España, para esto se ha utilizado una novedosa fuente estadística la Muestra Continua de Vidas Laborables (MCVL) que cuenta con información de 1.200.000 personas y que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y del Padrón Municipal.
Otro aspecto novedoso del estudio es la amplia muestra que analiza, ya que se han identificado y analizado cerca de 6.400 empresas de Economía Social y de 15.000 trabajadores de este tipo de entidades, comparándose con un grupo de control, compuesto por un número de empresas y trabajadores, todas ellas Sociedades Anónimas y Limitadas (6.978 empresas y 15.826 trabajadores) que se distribuyen por el mismo tamaño y sector.
La tesis de partida de este análisis de impacto se concreta en que los valores que comparten las empresas de economía social se traducen en un comportamiento diferencial en relación con las características de las personas que configuran sus plantillas y las condiciones de trabajo de sus empleados; su especialización productiva; y su ubicación geográfica.
Los efectos sobre la Cohesión Social que analiza el estudio se centran en los siguientes aspectos: Ocupación de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, calidad en el empleo, mejora de la igualdad de oportunidades y sobre la oferta de servicios sociales y otros de interés general. En cuando a los efectos sobre la Cohesión Territorial que analiza el informe, se centran en: Creación de actividad económica y empleo en el ámbito rural, competitividad de la economía rural y sobre efectos asociados al mantenimiento de la población rural.
Y son los resultados de este comportamiento específico los que dan contenido a la importante contribución de estas empresas a la cohesión social y a la cohesión territorial.
Con estos elementos el estudio arroja unos beneficios directos de unos 2.845 millones de euros anuales que provienen de las rentas netas generadas y percibidas por familias, empresas y administraciones públicas vinculadas a la contribución de estas empresas a la cohesión social.
Los beneficios indirectos a la cohesión social, que se corresponden con el gasto que no se ha realizado gracias al comportamiento diferencial de las empresas de economía social se cifran en 560 millones de euros anuales. Lo que implica que los beneficios totales, directos e indirectos, asociados a la contribución a la cohesión social ascienden a 3.405 millones de euros anuales.
En relación a la cohesión territorial, los resultados indican que el beneficios directos ascienden a 393 millones de euros, de los cuales la mayor parte son las rentas salariales netas de los trabajadores y el resto corresponde a la recaudación fiscal por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social. A las cifras anteriores se añaden otros 132 millones de euros en beneficios indirectos, correspondientes al ahorro de prestaciones contributivas y asistenciales ligadas a las situaciones de desempleo. Por lo tanto, los beneficios totales correspondientes al eje de cohesión territorial se cifran en unos 525 millones de euros anuales.
Analizados los numerosos datos que se desprenden del estudio, y con el objeto de aproximar un escenario en el que no existieran los valores de las empresas de Economía Social, Abay Analistas Económicos y Sociales, ha realizado un ejercicio de simulación en el que las empresas de Economía Social “pierden sus principios” y pasan a comportarse como empresas ordinarias, adoptando los valores medios de éstas últimas. Los resultados de este cambio se concretan en los siguientes datos:
Cerca de 158.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 84.403 serían trabajadores con discapacidad, 1.622 trabajadores en riesgo de exclusión social, 6.635 trabajadores mayores de 55 años, 3.664 mujeres mayores de 45 años y 61.562 trabajadores de baja cualificación.
Un importante número de trabajadores vería modificadas sus condiciones de trabajo: unos 6.800 trabajadores (no incluidos en los colectivos del punto anterior) se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada parcial no deseada y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario.
Al año, cerca de 10.500 trabajadores que han disfrutado periodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.
Un número importante de trabajadores se vería afectado por aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades en la empresa: más de 4.100 empleados pertenecientes a colectivos habitualmente infra representados en los puestos más altos de las empresas (mayores de 55 años, con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar estos puestos.
Si se anulase la oferta de la Economía Social de determinados servicios sociales o de interés social, es decir, si su interés por estos servicios fuese similar al de las empresas ordinarias, en torno a 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para personas mayores y personas con discapacidad y cerca de 2.500 empresas del ámbito de la educación y de otros servicios sociales (que incluye las guarderías) desaparecerían, afectando de forma importante tanto al nivel como a la diversidad en la oferta en esta actividades.
Si las empresas de economía social se comportasen como “empresas ordinarias” a la hora de elegir su ubicación geográfica se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y la población residente en estas zonas probablemente se reduciría en unas 102.000 personas.
Para el presidente de CEPES, todos estos datos constatan la solidez del sector y la necesidad de que la empresa de Economía Social sea uno de los protagonistas del nuevo modelo productivo que se pretende construir. La apuesta del este sector empresarial por generar una economía basada principalmente en las personas, en la calidad y estabilidad en el empleo, la competitividad, el desarrollo local, el espíritu emprendedor, la solidaridad o la innovación, queda avalada por este informe pionero y revelador de la aportación de este tipo de empresas en el actual contexto socio económico.
