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Canarias 1 de Octubre de 2011
EFCA alerta que la economía
de las Islas será una de la más afectada por el Impuesto del Patrimonio
Solicita al Gobierno de Canarias que proceda a modificar los mínimos exentos autonómicos, situados en 120.000 euros.
La Asociación de la Empresa Familiar de Canarias (Efca) alerta de que la economía de las Islas será, junto a Galicia y Cataluña, una de las tres más afectadas de España por la recuperación del Impuesto del Patrimonio, debido a que no se ha modificado el mínimo exento de 120.000 euros de este tributo en la Comunidad Autónoma.

El Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, que restableció este tributo, introdujo un mínimo exento estatal por 700.000 euros, llamado a reducir la base imponible y gravar en mayor medida las grandes fortunas. Canarias tiene una norma propia que rebaja el mínimo exento a 120.000 euros con carácter general, y 400.000 euros cuando el contribuyente presenta una discapacidad igual o superior al 65%, con lo que serán más los afectados por la medida.

Efca apremia al Gobierno de Canarias a modificar este mismo año el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio en las Islas, para evitar situaciones injustas que agraven aún más la complicada situación de la economía del Archipiélago - región ultraperiférica donde la crisis se ha agudizado especialmente-, ya que estos mínimos exentos autonómicos prevalecen sobre los estatales.

La Asociación lamenta, asimismo, la decisión del Gobierno de España de volver aplicar este tributo, que se ha tomado de forma apresurada, y obedece a razones electoralistas, no siendo serio ni conveniente anunciar una reforma parcial del sistema fiscal en la antesala de unas elecciones generales.

A diferencia de lo que ha anunciado el gobierno, se trata de un tributo que grava la tenencia de capital proveniente de rentas que previamente ya han tributado por el IRPF, y la recaudación que obtendrá no es tan significativa como para ayudar a crear empleo, en la línea de lo anunciado por el Ejecutivo Central, que no ha acompañado esta medida de verdaderos incentivos para las empresas y autónomos, ni de reformas que sí producirían ahorro, inversión, y a la larga, empleo.

Según el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), en Canarias apenas se recaudarían 24,6 millones de unos 5.000 contribuyentes, una cifra insignificante si tenemos en cuenta las importantes sumas que se obtienen a partir de otros tributos como el IGIC, el impuesto de matriculaciones o el impuesto sobre combustibles.

Si bien es cierto que deben contribuir en mayor medida aquellos que más tienen, no debe obviarse que este impuesto recae sobre personas físicas, y en España este tipo de patrimonio está normalmente en manos de sociedades, con lo que apenas mejoraría la recaudación, y a la vez se originaría un daño económico importante a posibles inversores privados de los que está muy necesitada nuestra economía.

Recuperar este tributo de forma aislada supondría penalizar el ahorro y la inversión privada, ya que fundamentalmente se centra en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, deuda pública –con la penalización que supondría para esta fuente de financiación de la Administración- y participaciones en sociedades de inversión colectiva,

Son muchas las medidas de ahorro que se pueden articular desde lo público, con reasignación de recursos públicos, cambiando prioridades entre gastos e inversiones y haciendo más eficientes ambos grupos de los presupuestos públicos, comenzando por una reforma en profundidad de la administración que elimine duplicidades y gastos superfluos, antes de proceder a incrementar la presión fiscal que ya de por sí soportan los ciudadanos.

De nada sirve debatir sobre un impuesto si no forma parte de una batería completa de acciones que permitan que nuestra economía pueda crecer. Es preciso revisar el sistema tributario para que sea mucho más eficiente e intensificar la lucha contra el fraude fiscal, en lugar de reinstaurar un impuesto que grava la tenencia de capitales y es inexistente en casi toda Europa.

La propia Unión Europea, así como diversos organismos de la relevancia del Fondo Monetario Internacional, han avisado en reiteradas ocasiones a España que la actual situación es insostenible, y que sin estas reformas de calado no podemos volver a la senda de crecimiento que nos permita restaurar la confianza en el sistema.