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Tenerife 18 de Octubre de 2011
El Sindicato CESHA advierte de efectos negativos sobre el tráfico interinsular Canario
Es el sindicato mayoritario en el sector de Handling y Aéreo, en la provincia de Tenerife, y copa el 100 por 100 de la representación de los trabajadores en la empresa que presta los servicios de tierra al Grupo Binter Canarias en Tenerife.
Desde la organización de trabajadores se viene intentando forzar la negociación y el diálogo durante los últimos meses con la dirección de la empresa, sin que esto fructifique. Ello ha llevado a los trabajadores a afrontar unas jornadas de huelga que ya han causado incidentes y muchas reclamaciones entre los usuarios del mencionado transporte. Hasta ahora, la huelga ha sido de lo más suave y la parte social se ha limitado a exigir que la empresa se atenga a la legalidad vigente, denunciando ante la Inspección de Trabajo la negación del ejercicio del derecho a la huelga que con ciertas actitudes, la empresa ha demostrado al incurrir en ilegalidades y abusos, así como reincidir en su actitud antisindical, motivos por lo que la plantilla de Atlántica en Tenerife creyó conveniente utilizar la huelga como herramienta para forzar el diálogo entre las partes.
La actual situación, manifiesta el portavoz del comité de huelga, Rubén Díaz Armas, “nos avoca a llevar al extremo legal nuevos paros para fechas venideras, posiblemente alcanzando las fechas de navidad, lo que nunca ha sido intención de esta organización y que, desde ahora, hace público su sentir por los trastornos que pudieran causarse derivados del ejercicio de huelga legal que prevemos en fechas tan importantes para las familias del archipiélago”.
Por todo ello, aprovechan para reafirmar públicamente que “no pedimos dinero, ni comodidades, pero insistimos en lo incluido en el preaviso de huelga”. Como el cese en el comportamiento antisindical de despido sistemático de los trabajadores y trabajadoras que hayan sido candidatos o representantes legales de los trabajadores una vez que hayan cumplido el periodo de garantía previsto legalmente. Como concreción de tal compromiso, se solicita que la empresa readmita en su puesto de trabajo a Domingo Rizo Navarro.
Quela empresa abra un proceso informativo sobre las denuncias deducidas por los trabajadores sobre la práctica de insultos y amenazas, con la participación de la representación de los trabajadores, con el compromiso de alcanzar una conclusión en el plazo máximo de 15 días. En todo caso, dada la situación de conflicto existente, adopte medidas que garanticen el trato digno a los trabajadores y la garantía de su integridad personal.
