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Canarias 25 de Octubre de 2011
El Archipiélago recibe del Estado sólo
22 millones de euros del total de 97 que gasta en dependencia
"La propia ley solo garantiza la financiación hasta el año 2015.
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, manifestó ayer en el Parlamento que el problema de la financiación de la ley de dependencia es profundo, y su profundidad radica no sólo en su insuficiencia, sino en su incoherencia y sobre todo en su falta de garantía.
"La propia ley solo garantiza la financiación hasta el año 2015. Las Comunidades autónomas tenemos que acatar la ley, una ley estatal, y la tenemos que cumplir y aplicar. Son los legisladores quienes deben cambiarla"- señaló Rojas.
La consejera explicó cómo funciona la financiación de esta ley, recordando en primer lugar, que "la norma prima los servicios, ya que es una ley para mejorar la atención de las personas dependientes. Sólo en casos muy excepcionales se ofrecerán prestaciones económicas".
"Por otro lado- añadió- el Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el nivel mínimo. Esa financiación global se estipula en los presupuestos generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas en base al número de personas dependientes, su grado y nivel, no al coste real de los servicios, si no al número de personas dependientes".
"Por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, es decir, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, como lo estipula en RD 569/2011, de 20 de abril, cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.500 euros".
Cabe destacar que por el nivel mínimo, Canarias ha ingresado a 30 de agosto unos 15 millones de euros.
"Después está el nivel acordado, con el que Canarias no está de acuerdo y por el que Canarias ha ingresado unos 7 millones de euros. En total recibimos del Estado 22 millones de euros, cuando el presupuesto para Dependencia de esta Comunidad asciende a 97 millones de euros"- indicó Rojas.
"En este sentido, las Comunidades autónomas están otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley. Canarias sigue primando los servicios a través de nuestro sistema sociosanitario".
"Por eso, a través de sendas mociones interpuestas por los grupos parlamentarios en el Congreso se pretende analizar la ley para reformarla y que contemple de una vez el coste real de los servicios"- sentenció.
