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Canarias 29 de Octubre de 2011
Berriel recuerda que el mantenimiento
de los acantilados es competencia estatal
El consejero de Política Territorial responde al grupo parlamentario Popular que ha pedido al Estado en varias ocasiones más atención para evitar los desprendimientos que puedan afectar a las zonas de baño.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, señaló ayer, en comisión parlamentaria que las competencias sobre la salubridad de las zonas de baño de Canarias corresponde a los municipios donde se ubiquen, mientras que el mantenimiento de las laderas y acantilados que se encuentren dentro del dominio público marítimo-terrestre es responsabilidad estatal.
Berriel respondía así a las preguntas del grupo parlamentario popular acerca de las medidas que está tomando el Gobierno de Canarias para garantizar la seguridad en las zonas de baño públicas y reabrir aquellas que se encuentran cerradas. El consejero señaló que la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma en esta materia es muy limitada, puesto que, conforme a la Ley 22/1998, de Costas, corresponde al Estado la elaboración y aprobación de las disposiciones sobre seguridad humana en lugares de baño. Además, corresponde a los ayuntamientos mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como los servicios de vigilancia, el cumplimiento sobre el mantenimiento del material de salvamento y demás medidas de seguridad para las vidas humanas, así como garantizar la seguridad en los lugares públicos.
Aun así, el Gobierno de Canarias colabora con el análisis de la salubridad de las aguas de baño, a través de la Consejería de Sanidad, y con la seguridad de las personas, gracias a los recursos materiales y humanos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, incluidos medios marítimos y aéreos de Salvamento y Rescate.
Sin embargo, Berriel insistió en la limitada capacidad de actuación del Gobierno de Canarias en la prevención y control de los desprendimientos en zona de costas, por lo que recordó que en las últimas comisiones bilaterales ha instado al Estado a consignar partidas, para que en colaboración con los ayuntamientos se realicen las obras de contención necesarias que permitan el uso y disfrute de las playas afectadas con plenas garantías de seguridad.
Además, reiteró que es objetivo del Gobierno concluir las negociaciones con el Gobierno del Estado para la materialización de las transferencias de gestión del dominio público del litoral canario, con el fin de lograr una mayor coherencia en la ordenación integral del territorio canario y poder adoptar medidas para colaborar con la administración local en el cumplimiento de sus competencias.
