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Canarias 5 de Noviembre de 2011
UPyD reclama una reforma en profundidad de la justicia, incrementando su independencia
De este modo, el programa electoral de UPyD recoge sistemas de elección de los miembros de los altos Tribunales.
Uno de los pilares fundamentales del estado de derecho es la separación de poderes. UPyD entiende que desgraciadamente en España el poder judicial está demasiado imbricado con los poderes políticos, y especialmente con el ejecutivo. Por eso, UPyD aboga por una reforma en profundidad de los sistemas de elección de los sistemas de control del poder judicial, desde el Tribunal Supremo, hasta el Tribunal Constitucional, pasando por la figura del Fiscal General del Estado, y el CGPJ.
De este modo, el programa electoral de UPyD recoge sistemas de elección de los miembros de los altos Tribunales, que dan más relevancia a la participación de jueces, fiscales y personal de Justicia en la elección de los miembros, y un sistema de elección del Fiscal General del Estado en el que participe el Parlamento, y no sea una mera herramienta del Ejecutivo para sustentar sus políticas.
Al mismo tiempo, y dentro de la reforma de la Justicia, UPyD cree que las competencias en este ámbito deben de ser estatales teniendo en cuenta que la descentralización no ha traído un beneficio a los ciudadanos en lo tocante a la coordinación, seguridad y velocidad de resolución jurídica. De hecho, en Canarias, no ha habido más que problemas de compatibilidad en algo tan sencillo como los sistemas informáticos. Y podemos recordar cómo no hace mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid consideraba la opción de devolver la competencia en Justicia.
En este sentido, recordemos que UPyD apuesta por un estado federal en el cual las competencias no sean una moneda de cambio y de presión entre administraciones, sino algo que sea consensuado entre todas las administraciones, de manera que todas las autonomías tengan las mismas competencias, y si se trata de devolverlas, sean todas al unísono las que lo hagan, y no como una mera ocurrencia del presidente autonómico de turno.
