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Canarias 5 de Noviembre de 2011
Canarias recibe del Estado sólo 22 millones de euros del total de 97 millones que invierte en la atención a la Dependencia
La consejera de Políticas Sociales recuerda que la Ley estipula la colaboración del Estado con el 50 % del gasto.
La consejera de Políticas Sociales recuerda que la Ley estipula la colaboración del Estado con el 50 % del gasto, pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia.
De esta forma, según la Ley, el Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el 'nivel mínimo'. "Esa financiación global se estipula en los presupuestos generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas en base al número de personas dependientes, su grado y nivel, es decir, no al coste real de los servicios, sino al número de personas dependientes", matizó.
"De esta forma, por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, es decir, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.500 euros", indicó.
"Así, por el nivel mínimo, Canarias ha ingresado por parte del Estado, a fecha 30 de agosto de 2011, unos 15 millones de euros", explicó.
"Después está el 'nivel acordado', con el que Canarias no está de acuerdo y por el que Canarias ha ingresado unos 7 millones de euros. Es decir, Canarias ha recibido 22 millones de euros, mientras que la comunidad ha aportado ya un total de 97 millones", afirmó Rojas.
Por otro lado, Rojas recordó que las Comunidades autónomas están otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, "que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley, ya que tal y como recoge en su artículo14, la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, constituye una excepcionalidad a la norma que, recordemos, prima los servicios". "Pero en Canarias sigue primando la incorporación de las personas dependientes a los servicios a través de nuestro sistema sociosanitario", aclaró.
El Estado no reconoce el coste real de los servicios
Hay que recordar que la Ley de Dependencia estipula la colaboración del Estado con el 50 % del gasto, "pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia". "Un sistema de financiación- prosiguió Rojas- con el que todas las Comunidades autónomas, casi sin excepción, estamos en desacuerdo y así lo hemos expresado en los diferentes Consejos Territoriales de la Dependencia".
"El núcleo principal de la falta de consenso entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, tiene que ver con la insuficiencia financiera, ya que la Ley estipula que el Estado debe colaborar con el 50 % del gasto, pero no se tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia, por lo que las Comunidades sufragamos en algunos casos más del 80 % del coste real de los servicios".
"Ese es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que, recordemos, la propia Ley establece como una excepción, ya que aquí el Estado sí aporta el 50 %", añadió Rojas.
Por último, la consejera de Políticas Sociales señaló que, en todo caso, esta financiación por parte del Estado sólo está garantizada hasta el año 2015, año en el que deberá estar implantado todo el sistema.
