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Canarias 15 de Marzo de 2011
Bañolas propone un gran pacto
de Estado sanitario, como el Pacto
de Toledo por las pensiones
Considera que el Consejo Interterritorial de Sanidad debe implicarse como órgano coordinador del Sistema Nacional de Salud a fin de evitar disparidades en la prestación sanitaria.
El consejero de Sanidad, Fernando Bañolas, defendió ayer la necesidad de un gran Pacto estatal por la Sanidad, al estilo del Pacto de Toledo por las pensiones, en el transcurso de una comparecencia ante el Consejo Económico y Social (CES) en la que habló de la situación actual y las perspectivas sobre la financiación y la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público.
También reclamó Bañolas una mayor implicación del Consejo Interterritorial (el órgano que reúne a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas) como órgano coordinador del Sistema Nacional de Salud, a fin de evitar disparidades y agravios en la prestación sanitaria entre las distintas comunidades.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, Bañolas reconoció la necesidad de introducir cambios estructurales, pero apuntó también algunas fórmulas más sencillas, como la potenciación de economías de escala, mediante la centralización de compras para todos los centros dependientes del Servicio Canario de la Salud (SCS), o la centralización de la toma de decisiones para la introducción de nuevas tecnologías en función de la evidencia científica y la relación coste-beneficio.
Con vistas a mejorar la gestión de la demanda, Bañolas destacó algunas interesantes iniciativas, como es la propia creación de una unidad destinada a ordenar la coordinación y gestión de los recursos públicos y concertados, aunando todos los esfuerzos y evitando ineficiencias.
En la misma línea, y con el propósito de atender mejor toda la demanda, Bañolas dijo que el Servicio Canario de la Salud ha proseguido con la implantación del Especialista Consultor (alguien que presta una respuesta rápida al médico de familia, ayudando a disminuir las listas de espera) en las especialidades de Neumología, Reumatología, Neurología, Endocrinología y Nefrología. En 2009 en las islas de Gran Canaria y Tenerife el porcentaje de personas adscritas que disponían de endocrinólogo consultor era de 36,1%. A finales de 2010, dicho porcentaje era ya del 47,4%. Del mismo modo, un 18% de los pacientes disponía a final de 2010 en estas dos islas de nefrólogo consultor y el 35% disponía de reumatólogo consultor.
El consejero se refirió también al avance que han supuesto tanto la cirugía menor en Atención Primaria como la elaboración de protocolos de indicación quirúrgica (con los criterios por los que los pacientes deben ser sometidos a determinadas intervenciones, como las de cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla) o la creación de grupos de trabajo para la adecuada derivación de los pacientes de Atención Primaria a la Especializada.
Desde un punto de vista más estrictamente económico o financiero, Fernando Bañolas enumeró una auténtica batería de medidas que se han puesto en marcha en los últimos tiempos, como la vinculación de los objetivos e incentivos a la productividad final de cada Gerencia de Atención Primaria o de cada Hospital, la asignación de recursos en función de la eficiencia alcanzada por cada órgano o institución, el fomento de la competividad entre los centros públicos y entre los públicos y concertados, el control de la Incapacidad Temporal en el seno de la plantilla de trabajadores del SCS, la contención salarial como medida estabilizadora del gasto, la consolidación de la carrera profesional como medida para mejorar la eficiencia y la motivación de los profesionales, la implantación del Sistema Informático del Control Horario, el fomento de la evaluación de las tecnologías sanitarias, o la creación de una hemeroteca virtual que proporciona acceso a todos los profesionales del SCS a 315 revistas electrónicas de los editores más prestigiosos.
Una de las líneas más importantes de trabajo ha sido el desarrollo e integración de los sistemas de información. Hay que destacar la puesta en marcha desde el 1 de enero de 2009 del sistema de información económica TARO, que contempla toda la información de contabilidad financiera y presupuestaria, así como el procedimiento de logística de los centros sanitarios.
Hitos importantes han sido también la implantación de la historia clínica electrónica única de atención primaria y de asistencia especializada y de la receta electrónica, así como el sistema de información de prestaciones. Se ha iniciado además la implantación de las aplicaciones departamentales de la historia clínica, con el desarrollo de la aplicación informática de las UCIS de todos los hospitales.
Bañolas afirmó que apuesta por un control financiero permanente, a través de la Intervención General y la Audiencia de Cuentas, que evalúe la eficiencia en la ejecución del gasto, además de velar por la legalidad de los procedimientos y que, por otro lado, se propone iniciar el desarrollo de un cuadro de mandos integral, que permita disponer de la información necesaria para la adopción de decisiones de asignación de recursos en función de la eficiencia de cada institución y servicios.
En su intervención ante el Consejo Económico y Social, Fernando Bañolas comenzó explicando las características del sistema de financiación vigente entre 1999 y 2008, que hizo acumular a Canarias un déficit financiero de 1.432 millones de euros, así como las incertidumbres que plantea el nuevo sistema, vigente desde 2009, cuyo aspecto positivo es la actualización anual de las variables del Fondo de Garantía de Servicios Públicos.
El sistema de financiación que establecía la Ley 21/2001 perjudicó notablemente a Canarias. Mientras que el gasto sanitario del conjunto de las Comunidades autónomas se incrementó en un 75% entre 2002 y 2008, en Canarias lo hizo en un 80,4% (pasando de los 1.598,21 millones de euros a los 2.882,54 millones de euros).
El Archipiélago pasó de disponer del 4,50% de la Población Protegida por el Sistema Nacional de Salud en 1999 a tener el 4,81% en 2010. El crecimiento poblacional acumulado en términos absolutos fue en esos años de 530.464 personas.
Paralelamente, la población de 65 y más años ha crecido en mayor proporción que el conjunto de la población protegida de Canarias. A principios de 2010, Canarias se mantenía en quinta posición en crecimiento acumulado absoluto en este segmento de edad con respecto a 1999, con un aumento de 89.786 personas, y se situaba en primera posición en términos relativos respecto a 1999, con un incremento del 46,2%, seguida a mucha distancia por la Comunidad Valenciana, con un aumento del 28,37% de este sector de la población.
También hay que tener en cuenta, como elemento explicativo de una parte del gasto, la población flotante (mayormente turistas), que en el año 2009 (último dato disponible) representó el 21,5% del total de España y el 9,7% de la población empadronada en Canarias. Se trata de una población que, en aplicación de la normativa UE y acuerdos del Espacio Económico Europeo, así como de los acuerdos bilaterales de asistencia sanitaria de España con un conjunto de países, puede necesitar que se le preste atención por los dispositivos asistenciales del Servicio Canario de la Salud.
El incremento del gasto del SCS se explica también por el aumento de plantilla, que ha pasado desde los 15.871 trabajadores del año 1999 a los 22.879 de la plantilla orgánica del año 2010.
Los gastos de funcionamiento también se han incrementado con la apertura de nuevos centros o la ampliación de algunos de los existentes, así como con la atención a una población creciente y cada vez más envejecida, sin que nos podamos olvidar de la incorporación de nueva tecnología (asistencial y en sistemas de información), que ha permitido mejoras en la asistencia y en la gestión.
Mientras tanto, la financiación sanitaria per cápita pasó de los 651,37 euros de 1999 a los 882,90 de 2008 (frente a los 661,42 y 975,07 euros per cápita de media que recibió el conjunto de las comunidades autónomas en esos mismos años). En 2008 Canarias fue, tras Baleares, Murcia y Valencia, la cuarta Comunidad Autónoma con menor financiación sanitaria per cápita.
"En este contexto de insuficiencia financiera", explicó Bañolas, "entra en vigor la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias".
"Y si bien el año 2007 se configura como el año base del nuevo sistema, el volumen de recursos aplicables al primer año de funcionamiento de dicho sistema no se conocerá hasta mediados del año 2011, en el que se practicará la liquidación del ejercicio 2009", explicó.
"No es posible conocer por tanto", concluyó Bañolas, " ni el volumen de recursos que el nuevo sistema destina a la asistencia sanitaria del conjunto del SNS ni mucho menos cuánto le corresponderá a cada Comunidad Autónoma para tal finalidad. Tal incertidumbre se refiere tanto al año base del modelo (2007) como al primer año de funcionamiento del mismo (2009)".
