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Tenerife 26 de Marzo de 2011
El Cabildo 'exige' al Estado que modifique "urgentemente" la Ley de Costas para salvaguardar derecho a vivienda
Así lo han acordado en una moción que defendida inicialmente por el grupo de Gobierno ha logrado la unanimidad de todos los grupos.

CC, PP y PSOE han aprobado una moción institucional por la que piden al Parlamento de Canarias que inste al Gobierno de Canarias para que inste al Estado y se modifique la Ley de Costas de 1988 "con el fin de viabilizar el ajuste idóneo entre la protección del dominio públicos marítimo terrestres y el derecho constitucional a una vivienda digna".

Así lo han acordado en una moción que defendida inicialmente por el grupo de Gobierno ha logrado la unanimidad de todos los grupos. En esta se ha señalado la necesidad de proteger las viviendas del municipio de Candelaria de la zona costera conocida como Bajo La Cuesta.
La consejera de Planificación Territorial, Pino de León, ha insistido en que se ha de instar a la Dirección General de Costas la necesidad de hacer una revisión del dominio público en la zona por entender "la existencia de una duda razonable en la concurrencia de un error en uno de los hitos iniciales del replanteo efectuado".

Asimismo han solicitado que se elabore un censo de viviendas determinadas en la Ley 2/2009 de 6 de mayo de modificación del Texto refundido, para concluir la necesidad que modificar, en un último punto, la necesidad de modificar "de forma urgente" la Ley de Costas del 28 de julio de 1988.

Han recogido las propuestas de CC en el Congreso de lo Diputados "en las distintas enmiendas de adición formuladas con relación a la situación de las viviendas existentes en el litoral de las Islas Canarias, con el fin de viabilizar el ajuste idóneo entre la protección del dominio público marítimo terrestres y el derecho constitucional a una vivienda digna".

Para ello, se tendrá en cuenta "tanto la confianza legítima que, por el transcurso del tiempo y la inactividad de la administración, le han generado a los moradores de las viviendas existente en el litoral como los problemas sociales de pérdida de vivienda".

Por otra parte, el pleno ha dado el visto bueno a que sea un estudio el que tras recabar toda la información necesaria permita o no modificar del Plan Insular de Ordenación de  la isla y decida el el futuro de las canteras y, concretamente, el futuro de las zonas extractivas de Güímar y El Riquel.

Sin que ningún grupo interviniera y teniendo como testigos a la corporación local de Güímar con el alcalde Rafael Yanes a la cabeza, la consejera de Planificación Territorial, Pino de León, ha dado cuentas sobre el encargo de un estudios sobre la "ordenación territorial de la actividad extractiva en Tenerife" que según el texto del Cabildo ya ha sido entregado y del que se dará cuentas en el pleno.

"La Comisión Plenaria del área de Turismo y Planificación propone dar cuenta al peno de los estudios realizados sobre la ordenación territorial de la actividad extractiva en Tenerife, previos a la modificación o en su caso, revisión de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife en lo que afecta a las infraestructuras y gestión de la explotación de los recursos mineros existentes en la isla de Tenerife", ha concluido el texto de la corporación insular.

En este sentido, Pino de León ha defendido: "Es un paso más en los acuerdos plenarios --por los tres o cuatro acuerdos del Ayuntamiento de Güimar-- para una posible revisión de los ámbitos extractivos de la isla y que se estudie la situación de Güímar, esto es, si es necesario catalogarlo como ámbito extractivo o no", ha aclarado la consejera del área de Planificación.

Vecinos del municipio de Güímar han defendido durante años la recuperación de la zona de los barrancos como zona rural de explotación agrícola, después de que al menos 5 empresas --ahora imputadas por un delito ecológico-- hayan sacado 'arenas' durante más de 30 años sin contar con licencia.

Sin embargo, y a pesar de que, se han llegado a acuerdos plenarios para este fin, tanto el PIOT como el Plan General de Ordenación del municipio siguen manteniendo las zonas cómo ámbitos de extracción minera.

APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL  PIOT
Asimismo, se ha dado cuenta en el pleno de este viernes del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en el que se procede a la aprobación definitiva de la revisión parcial del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

El plan aprobado en 2002 queda ahora derogado tras la adaptación del documento a las directrices de ordenación general cuya entrada en vigor será a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Asimismo, se aprobó por unanimidad una moción por medio de la cual se compromete a ayudar a las personas que padezcan enfermedades raras a conseguir apoyo económico para su diagnóstico.

En la moción también se hace referencia a la investigación de esas patologías singulares, necesaria para poder afrontarlas con mayor "garantía y conocimiento".

El pleno de la corporación insular insta al Gobierno de Canarias a implementar esfuerzos en materia de concienciación, divulgación y financiación en aras de mejorar la integración de estas enfermedades en todos los ámbitos.

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Antonio Alarcó, hizo referencia al problema del diagnóstico, "difícil con los métodos tradicionales" y dependiente de una investigación continua.

El también vicepresidente de la corporación insular detalló que entre el seis y el ocho por ciento de la población española está afectada por una enfermedad rara y se estima que hay 9.000 patologías de ese tipo. Esclerodermia, miopatía de Durenne, síndrome de Tourette o osteogénesis imperfecta, son algunas de las más conocidas.

El 65 por ciento de las personas que las padecen son inválidas y puede causar dolor en el 20 por ciento de los casos, agregó Alarcó, quien lamentó que muchas veces los pacientes se mueren a causa de esas enfermedades.