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Canarias 14 de Marzo de 2011
Aprobado el decreto para la creación de la Red Canaria de Parques Nacionales y el traspaso de su gestión a los cabildos
Una comisión fijará los criterios comunes para la ordenación y gestión del Teide, Garajonay, Timanfaya y la Caldera de Taburiente.
El Gobierno de Canarias aprobó la constitución de la Red Canaria de Parques Nacionales, que contempla la creación de una comisión encargada de establecer los criterios comunes de ordenación y funcionamiento del Teide, Garajonay, Timanfaya y la Caldera de Taburiente, y el traspaso de las competencias de su gestión a los cabildos insulares.
El decreto al que dio luz verde el Consejo de Gobierno de Canarias el pasado viernes establece que la puesta en marcha de la Red Canaria de Parques Nacionales tiene como objetivos la institucionalización de la conexión e interrelaciones existentes entre los cuatro espacios naturales con mayor protección de Canarias, así como su conceptuación como un sistema coherente, interdependiente y representativo de las singularidades y valores naturales, estéticos, sociales, culturales y científicos de los parques nacionales del Archipiélago.
La organización común de los parques nacionales actuales y de aquellos que se creen en el futuro será asumida por la Comisión de Parques Nacionales Canarios, un nuevo órgano colegiado autonómico que "encabezará y asumirá, con carácter originario, las funciones administrativas de gestión de la Red Canaria de Parques Nacionales, ejerciendo asimismo su representación y las funciones de coordinación precisas para mantener la coherencia y homogeneidad del sistema", según consta en el documento aprobado hoy por el Ejecutivo autónomo.
En esta comisión, que se reunirá con una periodicidad mínima trimestral, estarán representados el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, los presidentes de los Patronatos de los parques nacionales, dos representantes de cada uno de los municipios en cuyo territorio se localizan estos espacios protegidos y dos expertos en conservación de la naturaleza designados por el Ejecutivo autónomo.
Dicho decreto estipula, asimismo, la delegación de las competencias administrativas de los parques nacionales a los cabildos insulares que quieran asumirlas. En este caso, las corporaciones insulares se encargarán de las funciones ejecutivas y de gestión de los parques, así como de las de contratación.
El decreto justifica la idoneidad de que los cabildos asuman estas responsabilidades por la concurrencia de circunstancias de homogeneidad y continuidad territorial y ecológica entre los parques nacionales y los espacios naturales ubicados en la misma isla. A esta argumentación se suma la armonización y optimización de las políticas y estrategias de conservación, protección y sostenibilidad de esos espacios, ya que la gestión de las áreas naturales de cada isla recae en las corporaciones insulares.
El texto especifica que la administración insular deberá realizar un proyecto de gestión conjunta del Parque Nacional que corresponda a su isla y del resto de áreas protegidas afectadas. Este documento deberá contar con el informe favorable de la Comisión de Parques Nacionales Canarios, correspondiendo al Gobierno autónomo la aprobación de la delegación a través de un decreto.
También el cabildo insular detallará la asignación de los medios personales y materiales adscritos al parque correspondiente y las dotaciones presupuestarias que en cada ejercicio se determinen.
El decreto indica que el personal del Parque Nacional dependerá del cabildo correspondiente, al que le corresponderá el nombramiento y cese de la Dirección Conservación del espacio natural.
Por su parte, las funciones de la Administración autonómica tienen relación con la coordinación y mantenimiento de la coherencia de la Red de Parques Nacionales Canarios y, en particular, con las vinculadas a la formulación y aprobación inicial y provisional del Plan Rector de Uso y Gestión de cada parque nacional, así como la elaboración y aprobación de los planes y los proyectos que lo desarrollen, y a la promoción del desarrollo rural sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los parques.
Las otras competencias del Ejecutivo autónomo tienen que ver con la iniciativa para la declaración de nuevos parques nacionales o la modificación de los límites de estas áreas de gran valor natural.
