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Canarias 17 de Marzo de 2011
Resueltas 35 solicitudes de indemnización presentadas al amparo
de la Ley de Medidas Urgentes
El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente detalló los diferentes expedientes relacionados con reclamaciones indemnizatorias.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó ayer en el Parlamento de Canarias de que se han desestimado 35 peticiones de reclamación de indemnización solicitadas al amparo de la Ley de Medidas Urgentes. El consejero autonómico explicó en la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que se han presentado 54 reclamaciones, de las que se han resuelto 35 y 19 están en proceso de tramitación para su resolución. Domingo Berriel dio cuenta hoy también de diferentes expedientes relacionados con reclamaciones indemnizatorias a petición del Grupo parlamentario socialista.
Respecto a las relacionadas con la Ley de Medidas Urgentes, el titular del departamento autonómico de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente indicó que siete solicitudes de reclamación fueron presentadas fuera de tiempo. A pesar de que, desde el punto de vista jurídico estas peticiones son inadmisibles, el consejero dijo que se ha procedido a analizar estos expedientes para comprobar si reúnen los requisitos exigidos por la Ley de Medidas Urgentes para acogerse al proceso indemnizatorio y, apuntó el consejero, en los tres expedientes resueltos ya se evidencia que no existe ninguna causa para acogerse al artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes, que es el que recoge los preceptos necesarios para reclamar una indemnización.
Domingo Berriel recordó que los requisitos que contempla este artículo para poder solicitar una indemnización son la titularidad de un terreno de suelo urbano de uso turístico o de suelo urbanizable sectorizado ordenado con destino total o parcialmente turístico; que no hubiera quedado desclasificado en virtud de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley de Directrices de Ordenación y que, en aplicación de la moratoria turística, se mantenga indeficable, pero con sus derechos urbanísticos adquiridos.
El consejero apuntó que de las 35 reclamaciones desestimadas, en 23 de ellas no se acreditó la titularidad de la parcela.
Durante su intervención en la comisión parlamentaria, Domingo Berriel también se refirió al procedimiento de los casos que han recurrido al contecioso-administrativo por la denegación de la solicitud de indemnización al amparo de la Ley de Medidas Urgentes. Según aclaró, aún no se ha superado el plazo establecido para su resolución.
Domingo Berriel informó de que se han presentado ocho recursos contenciosos-administrativos contra las desestimaciones y la Consejería que dirige acaba de recibir de tres de ellos las copias de los expedientes del Juzgado. Según explicó la cuantía de las indemnizaciones reclamadas en la vía administrativa asciende a 151 millones de euros.
Asimismo, el consejero autonómico detalló, a petición del grupo parlamentario socialista, la situación de 48 casos relacionados con reclamaciones indemnizatorias por responsabilidad patrimonial.
Berriel clasificó los expedientes en función del tipo de respuesta dada en el trámite administrativo. Así, 25 de las reclamaciones presentadas hasta el año 2005 no fueron resueltas por la vía administrativa. "Cabe destacar que en 14 de ellas coincidieron las fechas de presentación, su objeto eran las supuestas lesiones derivadas del bloque normativo de la moratoria y sólo cuatro de los interesados no formularon recurso contencioso-administrativo contra la desestimación", señaló el consejero.
Asimismo, apuntó que siete reclamaciones patrimoniales no superaron la fase de trámite, tres solicitantes desistieron de su petición, 16 fueron desestimadas antes del correspondiente dictamen del Consejo Consultivo y otra ha sido trasladada a la Consejería de Bienestar Social por tratarse de una cuestión de su competencia.
El consejero autonómico informó de que el resto de peticiones patrimoniales se encuentran en tramitación y aclaró que, con independencia de que los interesados formulen recurso contencioso-administrativo, el departamento que dirige "cumple con la obligación administrativa de resolver las reclamaciones".
