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Tenerife 13 de Julio de 2011
El Cabildo de Tenerife lleva a la Fiscalía la carta de Vicenta Díaz y encarga auditar las cuentas de la Fundación Canaria Salud y Sanidad desde 2009
La investigación interna concluye que no hay fundamento en las acusaciones de presiones a los miembros de las mesas de contratación.
El consejo de gobierno del Cabildo de Tenerife ha acordado remitir a la Fiscalía un expediente de información reservada en el que se desprende que "carecen de fundamento" las acusaciones de irregularidades cometidas en las mesas de contratación del área de Carreteras realizadas en una carta escrita presuntamente por la recientemente fallecida y exconsejera del PP Vicenta Díaz, según informó el vicepresidente primero del Cabildo, Carlos Alonso.

El también consejero de Economía y Competitividad explicó en rueda de prensa que el expediente se inició a raíz de la publicación de la misiva y que su intención era "clarificar" todos los elementos que en ella se detallaban "y actuar en consecuencia". Incidió aquí que la autoría de la carta no es lo importante "sino la utilización política" de la misma.

Alonso aseguró que "no está de acuerdo con que se tire la piedra y se esconda la mano". Así dijo que no se pueden dejar las cosas sin clarificar y dejar las presuntas irregularidades "en el limbo de la sospecha". Por ello repitió que remitiendo la documentación a la Fiscalía se trata de aclarar lo sucedido.

En este punto, dijo Alonso que de la investigación de la Fiscalía podrían desprenderse resoluciones. Al mismo tiempo, rechazó que este asunto pueda afectar a las elecciones al Senado. "No está en la agenda", afirmó para insistir en que la pugna electoral no está detrás de que se "despeje cualquier duda" al respecto.

La coordinadora general de Recursos Humanos y Defensa Jurídica del Cabildo Rosa Baena indicó que la carta se publicó en varios medios de comunicación en junio y que "sin fecha" estaba firmada presuntamente por Vicenta Díaz. A partir de ahí y como del texto se infieren acusaciones "muy graves" se inició el expediente ante el ataque a la "buena imagen" del presidente del Cabildo, Ricardo Melchior y los funcionarios.

Expuso Baena que en el documento se habla de maltrato psicológico a compañeros y fundaciones y también a presiones sobre los miembros de mesas de contratación. "Todas esas acusaciones carecen de fundamento", dijo para ahondar matizando que ahora el expediente se ha llevado a la Fiscalía para "contribuir al esclarecimiento de acusaciones tan graves".

Recordó Baena que Melchior no forma parte de ninguna mesa de contratación y apuntó que se estudiaron los expedientes del área. Para centrar el asunto se tuvo en cuenta que Díaz por enfermedad estuvo ausente más de 800 días.

Además admitió que los servicios jurídicos del Cabildo estudiaron de forma prioritaria iniciar el informe administrativo interno "con garantías" para saber si había sustento en lo denunciado. Después también se ha analizado si ha habido una posible comisión de delitos por calumnias o por ir contra la imagen del presidente del Cabildo y los funcionarios. Recordó aquí que la vía penal concluye con el fallecimiento de la persona. "Se valoran otras acciones en el orden civil", admitió Baena quien asimismo insistió en que las decisiones deben ser tomadas con serenidad.

Baena aprovechó para aclarar que la memoria de la exconsejera Vicenta Díaz le merece a la Institución el máximo respeto, al tiempo que lamentó que estos hechos hayan dañado la imagen del Cabildo.

El instructor del expediente y secretario del Cabildo, José Antonio Duque, señaló que no se trataba de una investigación formal y precisó que en el escrito había dos tipos de acusaciones: la personales, que no son objeto de investigación; y las que atañen al funcionamiento del Cabildo. Sobre estas últimas dijo que se aludía en la carta a mesas de contratación de Carreteras y especialmente a uno en concreto.

"No ha habido ni presión, ni maltrato", prosiguió Duque quien además precisó que fundamentalmente se investigó el procedimiento llevado a cabo para la concesión de los contratos en el expediente referido al cierre de la fase I del anillo insular de telecomunicaciones, que contaba con cuatro volúmenes, y el plan especial de carreteras que comprendía medio centenar de obras con financiación estatal, regional e insular.

Asímismo, el consejo de gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado a petición del consejero de Sanidad Aurelio Abreu (PSC-PSOE) encargar una auditoría de las cuentas de la Fundación Salud y Sanidad desde 2009 hasta el primer semestre de 2011.

Alonso ha explicado que hay indicios como "facturas no avaladas por un procedimiento de contratación adecuado a la normativa legal, contratación de personal sin proceso selectivo o embargos llevados a cabo en concurso de apremio por la Seguridad Social". "Estos indicios llevan a la necesidad de hacer un análisis", subrayó.

El consejero indicó que el periodo 2008 ya fue auditado y que el objetivo de la auditoría "cuyo procedimiento no es ordinario" busca comprobar si las cuentan "reflejan" el estado real de la sociedad y si se ha cumplido la ley en los procedimientos de contratación laboral y administrativa.

Evitó pronunciarse Alonso sobre la posibilidad de que se haya podido utilizar dinero de la fundación con fines políticos y recalcó que la intención es aclarar lo sucedido. No descartó que de la investigación se desprendan consecuencias.

La Fundación Canaria Salud y Sanidad de Tenerife promueve hábitos de vida saludables. Así se encarga de llevar a cabo publicaciones e investigaciones en esta materia. El órgano estuvo dirigido en el periodo que se analizará por Antonio Alarcó.