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Canarias 9 de Febrero de 2011
La nueva Ley de Residuos fija para 2020 la obligación de reciclar hasta el 70% de los materiales de construcción y hasta el 50% de plásticos, metales, vidrio y papel
Antes del año 2020 los residuos no peligrosos que se generen en la construcción y en los procesos de demolición deberán reciclarse al menos en un 70%, porcentaje que deberá llegar al 50% en el caso de plásticos, metales, vidrio o papel, sea cual sea su origen. Son algunas de las obligaciones que establece el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se está tramitando en el Congreso para poder aplicar en España la directiva europea 2008/98/CE de Gestión de Residuos, una normativa cuyas claves se expusieron esta mañana en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en una jornada informativa en la que participaron cerca de 200 empresarios.
Organizada junto al Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la consultora Garrigues en la Jornada se contó con Javier Toribio Jiménez, abogado del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, Andalucía y Extremadura de Garrigues, con el responsable del Servicio de Medio Ambiente de la Cámara, Javier Concepción, así como con los especialistas del Servicio Técnico de Sostenibilidad, Recursos y Energía del Cabildo de Tenerife, Francisco Hernández Cabrera y Alejandro Molowny López Peñalver, entre otros ponentes.
La futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados clarifica las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios, y simplifica los trámites administrativos con el objetivo de garantizar la trazabilidad en las operaciones de gestión. Una vez esté aprobada la Ley, las administraciones públicas no sólo tendrán que elaborar programas de prevención de residuos y planes de gestión en el ámbito de sus respectivas competencias, sino que deberán aumentar su coordinación y eficacia en este sentido. Para ello, la Ley establece la creación de la Comisión Técnica de Residuos como órgano de coordinación y colaboración entre las distintas instituciones competentes en la materia.
Entre los mecanismos de control que se introducen figura la creación del Registro de Producción de Gestión de Residuos y la obligación de las comunidades autónomas de informar cada tres años al Ministerio de Medio Ambiente del grado de consecución de los objetivos marcados en la Ley.
Mayor responsabilidad para el que produce
Pero según el responsable del Servicio de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio, Javier Concepción, una de las principales consecuencias de la Ley es que obligará a las empresas a innovar para desarrollar productos mucho más reciclables en origen, con materiales más fáciles de manipular en el proceso de reciclado y mucho más aprovechables o fáciles de eliminar con el menor coste medioambiental. Tal y como indicó, “la norma da la vuelta al concepto del reciclado. A partir de su entrada en vigor, ya no se tratará de hacer un producto y luego ver cómo se puede reciclar o aprovechar parte de lo que quede de él una vez deje de ser útil, sino de fabricar bienes que, entrada sean susceptibles de un mayor aprovechamiento, con el menor impacto medioambiental posible. Se trata, en definitiva de ampliar la responsabilidad de las empresas productoras, de que la cadena verde comience desde el primer eslabón”.
Dentro de la responsabilidad ampliada del productor figura su obligación como empresa de aceptar la devolución de los residuos que genere en sus procesos de fabricación, así como de establecer sistemas de depósito para el almacenaje y posterior tratamiento de los residuos.
Nuevos conceptos
El abogado especialista de la consultora jurídica Garrigues, Javier Toribio, explicó durante su intervención que con la nueva Ley, por primera vez el ordenamiento jurídico español regulará el concepto de subproducto y el momento en el que un residuo dejará de considerarse como tal, con el objetivo de facilitar el máximo su aprovechamiento y suprimir cargas innecesarias.
La norma también introduce el concepto de bioresiduo, estableciendo la obligación de su recogida selectiva en al menos un 20% para el año 2016 y hasta el 40% para 2020, para fomentar su reutilización como compost.
En cuanto a los Suelos Contaminados, la norma mantiene la esencia del régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley anterior 10/1998 de residuos, aunque se matizan aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos. El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control. En este sentido, la Ley establece la obligatoriedad de inscribir en el Registro de la Propiedad el carácter contaminado de un suelo, algo que hasta ahora era sólo opcional.
El desperdicio como negocio
Canarias es una de las comunidades con mayor potencial para explotar el reciclaje y la reutilización y gestión de residuos como negocio. En este sentido, en Tenerife, que se producen 600.000 toneladas de residuos urbanos, quedan por cubrir muchos espacios por empresas especializadas en materia de gestión de residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas naturales, control de la contaminación y energías alternativas.
De hecho, una de las principales ventajas de los proyectos empresariales basados en el reciclaje, la reutilización y la gestión de desperdicios es que cuentan con una fuente inagotable de materia prima. Sólo en residuos peligrosos, el Archipiélago genera más de 35.000 toneladas al año, según estimaciones recogidas en el Plan Integral de Residuos para Canarias (PIRCAN). Los talleres de reparación de vehículos producen aproximadamente unas 42.000 toneladas al año, los laboratorios fotográficos 75 toneladas anuales, las tintorerías, 5 y las actividades agrícolas y ganaderas otras 5 toneladas al año.
