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Canarias 4 de Enero de 2011
Canarias paga el déficit tarifario
del sistema eléctrico español
El último Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes para corregir el déficit de tarifa en el sistema eléctrico castiga gravemente a la producción de energía solar fotovoltaica en Canarias, que sufre el mayor recorte de todo el Estado.
La pasada Nochebuena trajo a Canarias otra mala noticia para nuestra economía en forma de Real Decreto-Ley. De forma sorpresiva, el Ministerio de Industria recortaba de forma retroactiva por segunda vez en 2010 el marco de apoyo a la energía solar fotovoltaica, acusándola de ser la causante del déficit de tarifa de todo el sistema eléctrico español. El Cluster RICAM de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos y la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), muestran su total rechazo al mismo.
Para ambas organizaciones, la fórmula empleada por el Gobierno no reconoce las particularidades de las Islas. El recorte no tiene en cuenta las diferencias de producción solar en cada una de las zonas climáticas, ni distingue las instalaciones por su mayor o menor eficiencia, lo que supone penalizar a las que han hecho un esfuerzo económico superior. Al mismo tiempo, las escasas nuevas plantas que se realicen a partir de ahora se verán obligadas a sacrificar la calidad y la eficiencia energética para hacerlas rentables.
Canarias, que posee el mayor número de horas anuales de sol en España, y que produce electricidad mediante energías renovables a un coste menor que con el uso de combustibles fósiles, tendrá que soportar el ajuste impuesto por el Estado en mayor medida que el resto de comunidades autónomas. En particular, este agravio comparativo supondrá que solo entre 2011 y 2013 las pérdidas para los productores canarios asciendan a aproximadamente 100 millones de euros, un 30% de los ingresos totales. A cambio, por ejemplo, las instalaciones ubicadas en el norte de España prácticamente no sufrirán pérdidas.
Por otro lado, las medidas supondrán para el Gobierno de Canarias una caída en la recaudación del IGIC en los próximos años. Debe sumarse también el impacto sobre los maltrechos ingresos municipales a través de los diferentes impuestos y tasas asociadas a la actividad, así como sobre los de la renta y sociedades.
El sector de la energía solar en Canarias comienza a constatar la retirada masiva de inversores extranjeros que con las nuevas medidas impuestas trasladarán sus fondos desde España a otros países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos y China, donde encuentran unas condiciones estables y la necesaria seguridad jurídica.
RICAM y ACER están manteniendo encuentros con instituciones y fuerzas políticas a fin de obtener apoyos para evitar las consecuencias de esta legislación. Su aplicación supondrá que más de mil inversores particulares y empresas en Canarias pierdan sus instalaciones al no poder hacer frente a las obligaciones contraídas con las entidades financieras bajo un marco normativo creado por el mismo gobierno que ahora lo suprime.
