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Canarias 23 de Diciembre de 2011
José Miguel Pérez: "impulsaremos un marco de diálogo y colaboración con todos los agentes para definir un modelo socioeducativo adecuado para la infancia"
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias impulsará la creación de un marco de diálogo y colaboración entre las Administraciones públicas, entidades privadas y agentes educativos para definir en el Archipiélago un modelo que atienda adecuadamente las necesidades socioeducativas de la infancia, según explicó ayer el vicepresidente y titular del área, José Miguel Pérez.
El vicepresidente y consejero realizó estas manifestaciones durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a la interpelación presentada por el grupo mixto sobre la financiación y el calendario de aplicación de la legislación vigente para las Escuelas Infantiles de las Islas.
José Miguel Pérez, que incidió una vez más en la prioridad de su Departamento de mejorar la eficacia y equidad del sistema educativo en todos los niveles y a través de ellas alcanzar una tasa de abandono escolar inferior al 10 por ciento en Canarias, señaló que en lo referente a la Educación Infantil "hace falta un esfuerzo de corresponsabilidad a escala local, autonómica y nacional, en el que participen todas las partes afectadas, incluidas las familias".
"Es necesario, además, establecer una colaboración entre los diferentes agentes de actuación de la educación, la cultura, los asuntos sociales, el empleo, la sanidad y la justicia", señaló y añadió que "sin la cooperación y la corresponsabilidad, no se podrá extender la oferta gratuita de los servicios socioeducativos para la infancia".
La Ley Orgánica de Educación (LOE) considera la Educación Infantil como la que comprende la destinada a niños de cero a seis años, dividida en dos etapas, de cero a tres años y de tres a seis, ésta última universalizada y que en las Islas, mediante plazas públicas y gratuitas cubre el 98,6 por ciento de la población de esas edades, lo que sitúa al Archipiélago un 2,4 por ciento por encima de la media europea.
En cuanto a la primera etapa, en la actualidad y a partir del Decreto 20/2009, que delegó la competencia para creación de estos centros de titularidad municipal en dicha Consejería con carácter provisional, Canarias cuenta con 24 escuelas infantiles municipales autorizadas provisionalmente por la Consejería Educación, Universidades y Sostenibilidad, que suponen un total de 1.545 plazas para niños de entre cero y tres años.
A estas cifras hay que añadir las 102 plazas autorizadas dependientes de dos centros de titularidad de la Administración del Estado y tener en cuenta que en la actualidad hay 27 expedientes en trámite de autorización para la creación de nuevas escuelas infantiles.
Además de estas plazas, hay otras 1.029 disponibles en los 14 centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social, autorizados según la anterior normativa.
Así mismo, la Consejería está gestionando la creación de nuevas infraestructuras destinadas al primer ciclo de Educación Infantil, dentro del convenio Educa3 suscrito entre los Gobiernos autonómico y central, que permitirá la puesta en marcha de 26 nuevos centros y 1.107 plazas.
Durante la comparecencia se recordó que en el respaldo del Ejecutivo autonómico a la Educación Infantil, su área de Asuntos Sociales elaboró en su momento el 'Plan Sectorial de Escuelas Infantiles y apoyo a la familia', para que los ayuntamientos pudieran crear y gestionar estos centros. De ese proyecto partía financiación para alcanzar ese objetivo, no obstante, dicho Plan concluyó el pasado año.
En referencia al calendario de aplicación de la legislación vigente en esta materia, el vicepresidente y consejero aclaró que las escuelas infantiles municipales autorizadas como guarderías cuentan hasta el 31 de agosto de 2014 para "reconvertirse" en escuelas infantiles de primer ciclo de Educación Infantil y que los trabajadores de las mismas tienen un año más para obtener la titulación requerida para trabajar en estos centros.
Informó, igualmente, de que su Departamento trabaja en un borrador de Orden que concreta las condiciones en las que esos profesionales puedan seguir trabajando siempre que acrediten que se están formando para obtener el título exigido antes del 31 de agosto de 2015.
José Miguel Pérez insistió en la necesidad de definir "claramente" el modelo educativo para el primer ciclo en función de las necesidades de los niños y niñas, sus familias y las posibilidades reales de los centros.
