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Canarias 28 de Diciembre de 2011
Instan a las corporaciones locales
a convertirse en impulsoras de empleo
en Canarias
El SCE apoyará con 50 millones de euros varios convenios que pretenden potenciar el empleo local y las empresas de economía social.
El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha su primer bloque de medidas para 2012 para paliar los malos datos de desempleo registrados en los últimos meses. Para ello, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, apoyará a las corporaciones locales y a los proyectos de desarrollo municipal a través de ayudas que alcanzan los 50 millones de euros. La consejera afirma que "los proyectos municipales están llamados a dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral y a crear empleo, potenciando el trabajo autónomo y las empresas de economía social". Por estas razones, Ramos afirma que los Ayuntamientos "deben estar directamente implicados en la lucha contra el paro".

Ramos ha solicitado a los ayuntamientos que presenten planes de empleo "en consonancia con las necesidades de las localidades a medio y largo plazo, de manera que, una vez finalizado el programa se pueda mantener el puesto de trabajo". En este sentido, destacó que el SCE ha publicado varias convocatorias destinadas a la contratación de trabajadores a través de las corporaciones locales y entidades promotoras de proyectos municipales.

La propuesta ahora quiere ir más allá y permitir buscar fórmulas a favor de la economía local impidiendo que se hagan programas temporales que a su término vuelvan a dejar sin trabajo a la ciudadanía.

El Gobierno pretende que su colaboración con las corporaciones locales quede reflejada en la detección de nuevos yacimientos de empleo para aprovechar al máximo la inserción de los trabajadores que se beneficien de los proyectos que financia el Servicio Canario de Empleo.

El grueso de estas convocatorias, para las que el Servicio Canario de Empleo ha destinado un importe de 50 millones de euros, está destinada a programas promovidos por los 88 ayuntamientos de Canarias a través de dos convocatorias: las dirigidas a ayuntamientos de menos de 95.000 habitantes y de más de 95.000 habitantes. Esta línea de ayudas es una de las más exitosas porque, si bien la contratación se produce desde los organismos públicos, sirve para reorientar profesionalmente a los trabajadores hacia sectores donde se detectan ofertas laborales. Según los últimos datos, el porcentaje de inserción de los participantes en el mercado laboral ordinario una vez finalizan estos proyectos es del 40%.

Las administraciones locales son las verdaderas detectoras de las necesidades que se producen en sus municipios, por eso, las contrataciones están destinadas fundamentalmente a la rehabilitación de espacios públicos y protección del medio ambiente (empleos verdes) o a la atención sociosanitaria de personas dependientes (empleos blancos) debido, fundamentalmente, al envejecimiento de la población. Son dos claros ejemplos de sectores en expansión.

Por otro lado, tal como indican los objetivos de legislatura marcados por la consejera, las políticas de empleo y formación financiadas por el SCE deben adaptarse a cada ámbito insular y dentro de éste a cada zona concreta, con el fin de atender las características de los distintos territorios. En esta línea se encuentran las ayudas del SCE a las Corporaciones locales.

Las ayudas del Servicio Canario de Empleo van orientadas a sectores con más perspectivas laborales y a aquellos especialmente castigados por la crisis, con el objetivo de que, finalizada la contratación pública, puedan acudir al mercado laboral por dos vías: la de la contratación por cuenta ajena en una empresa privada o la de la emprendeduría. En este sentido, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, reforzará las ayudas a la constitución de empresas de Economía Social, aquellas cuyo fin es dar cobertura a una demanda social a través del empleo estable. Estas empresas constituyen en Canarias un tejido empresarial aún por debajo de la media estatal, pero muy significativo para el desarrollo local y la creación de empleo. Además, apostar por ellas contribuye a acabar con el empleo sumergido.

En total, las subvenciones dirigidas a las corporaciones locales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, ascienden a 33 millones de euros, con los que se prevé contratar y dar experiencia laboral a unas 4.000 personas.

Otra de las convocatorias lanzadas por el Servicio Canario de Empleo es la de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Estos programas registran los índices de inserción más altos dentro de las políticas activas de empleo que desarrolla el Gobierno de Canarias. Son programas que tienen una duración de dos años y combinan formación y experiencia laboral. Los primeros están dirigidos a menores de 25, los colectivos de más difícil reinserción en el mercado laboral. Los proyectos pueden ser presentados por organismos públicos y privados o asociaciones profesionales. El nivel de inserción alcanza entre el 50 y el 75%. Para el desarrollo de estos proyectos, el SCE ha destinado 20 millones de euros con los que se contratarán, al menos, 1.300 personas.

Por último, el SCE ha publicado en el BOC la convocatoria entidades sin ánimo de lucro, a la que destina 10 millones de euros. El objetivo es que los desempleados contratados realicen obras y servicios de interés general y social que además se enmarcan en los sectores productivos y emergentes. Las entidades beneficiadas, por su parte, mejorarán sus infraestructuras y servicios. El Gobierno prevé una contratación de al menos 680 personas a través de esta línea de ayudas.

En total, estas convocatorias permitirán contratar a unas 6.000 personas que realizarán obras y servicios de interés social y general para la comunidad. La Consejería de Empleo promueve este tipo de programas que facilitan la especialización de los desempleados con más difícil reinserción en los nuevos nichos de empleo porque han demostrado tener un alto grado de inserción posterior. De esta manera, el Gobierno de Canarias pretende hacer frente a la crisis y a dos meses consecutivos de destrucción de empleo, fundamentalmente debido a la finalización de estos contratos y a un periodo de transición hasta que buena parte de estos trabajadores sean absorbidos por el mercado laboral ordinario.