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Canarias 15 de Diciembre de 2011
El Gobierno impulsará la economía en las obras de carreteras durante la presente legislatura
La actividad en el área de Infraestructura Viaria se centrará en el desarrollo de las obras contenidas en el Anejo II de la Adenda al Convenio de Carreteras Canarias-Estado, en vigor desde 2009.
El titular del departamento, Domingo Berriel, compareció ante el Pleno del Parlamento para explicar los objetivos del Convenio con el Estado, que resumió en contar con la financiación necesaria para licitar al menos todas las obras previstas hasta 2017, al mismo tiempo que se potencia el rigor durante el proceso de licitación de las obras, de tal forma que se pueda reducir al mínimo el sobrecoste que se genera a causa de las revisiones de precios o de las modificaciones de los proyectos no previstos desde un principio, que sitúa en torno al 26% del presupuesto de licitación.

Así, el consejero concretó las medidas a aplicar, comenzando por el incremento en la exigencia de rigor y detalle de los proyectos, para evitar desviaciones exageradas en el programa previsto, sobre todo en las que se derivan de imprevisiones técnicas injustificadas. A tal efecto, Berriel recordó que la Consejería elaborará la normativa necesaria para disciplinar esa economía de la obra pública.

Como segunda medida, se agilizarán las expropiaciones, al establecer legalmente una disposición similar a la de la ley estatal, que determine la declaración de la urgente ocupación de los terrenos afectados por la construcción de una carretera.

Y, como tercera medida, el consejero adelantó que en el proyecto de ley de armonización y simplificación en materia de ordenación y protección del territorio, se exigirá también la previsión de las obras con suficiente definición en los planes insulares, para evitar la necesidad de planes territoriales u otros planeamientos de desarrollo posterior para legitimar los proyectos de carreteras.

Sin embargo, este mejor uso de los recursos previstos no es suficiente, según Berriel, como para satisfacer las necesidades mínimas en materia de infraestructura viaria de las Islas, sino que sería necesario actualizar el Convenio de Carreteras actual, con un incremento que rondaría los 400 millones de euros.

Por último, Berriel insistió en que el Convenio no es una concesión de mera cooperación coyuntural del Estado, sino una actuación de justicia, que se deriva de que en el momento en que la Comunidad Autónoma asumió las transferencias en materia de carreteras, en 1984, no existía una red de interés general del Estado y la dotación económica de tales trasferencias fue tan exigua que apenas daba para conservar la escasa red existente.

Una situación que el consejero repasó para resaltar el marco jurídico del que deriva la obligación de realizar las inversiones. De hecho, la financiación para las carreteras fue modificada, en líneas generales, al revisarse el bloque estatutario y especialmente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la configuración de la Ley 20/1991, de 7 de junio, en la que se considera de interés general, a efectos de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructuras que conecten los principales núcleos urbanos de Canarias. Asimismo, también establece que las inversiones estatales no serían inferiores al promedio que corresponde al conjunto de las Comunidades Autónomas, excluyendo de ese cómputo las inversiones que compensen el hecho insular (art. 96 de la ley 20/1991).