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Tenerife 14 de Diciembre de 2011
El Cabildo insta al Gobierno de Canarias para que garantice la ayuda a los drogodependientes
El vicepresidente, Aurelio Abreu, defendió esta propuesta en el Consejo de Gobierno insular celebrado este lunes 12.
El vicepresidente segundo y consejero insular de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, propuso en el Consejo de Gobierno insular celebrado este lunes 12, que se inste al Parlamento de Canarias a presentar una enmienda al Presupuesto de la Dirección General de Atención a las Drogodependencias en su capítulo IV, de forma que la red especializada en dispensar el tratamiento sustitutivo con opiáceos disponga en el año 2012 de la misma cantidad que en el ejercicio 2011.

De igual forma, Aurelio Abreu entiende que en caso de producirse una reducción, ésta debe ser igual para todas las entidades públicas y privadas que conforman la red especializada de Canarias, dado que no existen indicadores de evaluación y criterios públicos y consensuados que justifiquen unas reducciones diferentes entre las entidades prestadoras de servicios.

En la propuesta de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias remitido por el Gobierno de Canarias al Parlamento se contempla una importante reducción en el capítulo IV (Transferencias Corrientes a la Red de Drogodependencias) de 1.061.953 euros con respecto al ejercicio 2011, una reducción dirigida a suprimir los actuales Servicios de Farmacia que dan cobertura a los programas de tratamiento con sustitutivos opiáceos y que están amparados en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias y que son gestionados, desde su implantación en Tenerife, por ANTAD y ACJ San Miguel y pasar a dispensar la metadona en las Oficinas de Farmacia.

A juicio de Aurelio Abreu, este duro recorte “incidirá de forma directa en la calidad de vida de los pacientes que están siendo tratados con sustitutivos de los opiáceos para curar su adicción, que sólo en Tenerife son unas 2.000 personas”. El vicepresidente segundo de la Corporación insular espera que el Gobierno de Canarias corrija esta reducción “para que el camino hacia la curación y la reinserción de tantas personas no penda de un hilo, ni se vea mermada la calidad de la atención que merecen”.