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Canarias 27 de Abril de 2011
Gobierno de Canarias, empresarios
y sindicatos impulsarán juntos medidas para optimizar los servicios públicos
que se prestan a los ciudadanos
Ayer se firmó en Presidencia del Gobierno un Pacto pionero
por la Sostenibilidad de los Servicios Públicos.
El Gobierno de Canarias, junto con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del Archipiélago, suscribió ayer un Pacto por la Sostenibilidad de los Servicios Públicos, en el marco de los Acuerdos de la V Concertación Social de Canarias. En virtud de este pionero pacto, se creará una comisión de estudio conjunta, con el fin de consensuar medidas de sostenibilidad para optimizar los servicios públicos, que generen una mayor calidad en los servicios que se prestan a los ciudadanos y un uso más racional de los recursos, con los objetivos permanentes de la eficacia, la eficiencia, la calidad de los servicios y la transparencia en la gestión.

Las medidas que se deriven en esta comisión de estudio se concretarán en las áreas de gasto corriente: personal y suministros; mejora de la gestión pública y la tramitación administrativa; inversión, organización y subvenciones; ingresos públicos y tesorería; y medidas de transparencia en la gestión.

El acuerdo ha sido suscrito hoy por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Industria y Comercio, María del Mar Julios, y por el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, en representación del Ejecutivo regional. Por parte de las asociaciones empresariales, han firmado el documento Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, y José Carlos Francisco, presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife. En representación de los sindicatos, han firmado el acuerdo Gustavo Santana, por la Unión General de Trabajadores (UGT), y Juan Jesús Arteaga, por Comisiones Obreras (CC OO).

La firma de este pacto responde a la necesidad de actuar en el contexto de crisis actual, aprovechando tal circunstancia como una oportunidad para promover un cambio en la cultura de la gestión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que ha de incidir en la necesaria optimización del gasto público. Para ello, es precisa la actuación coordinada de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y del Gobierno, tal y como ha quedado ya demostrado a través del Pacto Social por la Economía y el Empleo. Se trata de articular medidas eficaces que generen un nuevo dimensionamiento del gasto público y una mejora de los ingresos públicos. Estas medidas estarán dirigidas a disponer de Servicios Públicos sostenibles en estos momentos de crisis, que a la vez sitúen a las Islas en la mejor posición de salida para afrontar el futuro.

Cohesión e igualdad
Los principios inspiradores del pacto se centran en la búsqueda de una Administración orientada a los ciudadanos, que fomente la cohesión y la igualdad de acceso a los servicios públicos de los canarios independientemente de su residencia. Una Administración, además, colaboradora y coordinada con otras administraciones y con el sector privado; orientada a la simplificación y reducción de cargas en la tramitación administrativa y a la mejora de la regulación, así como tecnológicamente adaptada a los requisitos de una Administración electrónica para el mejor servicio a los ciudadanos. Asimismo, se pretende seguir modernizando la gestión de sus recursos humanos, con sistemas de carrera y de evaluación del desempeño que discriminen positivamente a los empleados públicos más comprometidos con el servicio a los ciudadanos y donde se racionalice el gasto en la actividad administrativa.

Para ello, tendrá sistemas de evaluación de sus políticas públicas que informen sobre la eficacia y calidad de los objetivos planteados y alcanzados, y contará con sistemas de información que hagan transparente la gestión pública y faciliten la implicación y participación de los ciudadanos, bien directamente, o a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Plan para unos Servicios Públicos sostenibles
Dadas las singularidades de cada sector (justicia, educación, sanidad y administración general) en que se estructuran los servicios públicos que presta la Administración autonómica, se creará un grupo de trabajo por cada uno de los ámbitos sectoriales señalados, que propondrán las medidas a adoptar. Dichas propuestas se elevarán a la Mesa central de coordinación, que se encargará de unificarlas e interrelacionarlas, con el objetivo de establecer una actuación coordinada.

De este trabajo saldrá el Plan para unos Servicios Públicos sostenibles. Este documento se elevará a la Mesa de la Concertación Social, que lo aprobará y ejercerá la labor de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. Además, en el plazo de seis meses desde su aprobación, se evaluará el desarrollo de dicho Plan.