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Canarias 7 de Abril de 2011
Las cámaras alertan a Paulino Rivero
de que el gobierno central se quedará con dos millones de euros de las empresas canarias
Pidieron el apoyo decidido del Gobierno de Canarias para garantizar la supervivencia de unas instituciones de derecho público que llevan más de 125 años formando parte de la actividad socioeconómica del Archipiélago.
Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Canarias alertaron ayer, al jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, que el Gobierno de España se quedará con cerca de dos millones de euros de las empresas del Archipiélago por el cambio de modelo de financiación de las instituciones camerales. El Real Decreto Ley 3/2010, aprobado en diciembre del año pasado, no sólo supone la supresión de la cuota cameral obligatoria, sino el desvío de unos fondos que estaban dirigidos a mejorar la competitividad de las pymes canarias y que, ahora, recaudará y administrará Madrid.
En un encuentro de trabajo, que se celebró hoy en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín; de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco; de Lanzarote, José Torres Fuentes, y de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal, pidieron a Paulino Rivero que exija a José Luis Rodríguez Zapatero una solución que permita a las instituciones camerales seguir prestando servicios que son esenciales para la modernización y competitividad del tejido productivo de las Islas. Tan sólo en los últimos cuatro años, las Cámaras de Comercio, a través de la Ventanilla Única Empresarial, han creado 3.054 empresas, han facilitado la internacionalización a 8.350 compañías, han propiciado la formación de más de 35.226 profesionales y han asesorado a más de 41.526 emprendedores, entre otras iniciativas de apoyo.
De acuerdo con la normativa aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la desaparición del recurso cameral llevará consigo un incremento de la base imponible a partir de la cual se calcula el Impuesto sobre Sociedades, que todos los años pagan las empresas al Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria. Este aumento de fiscalidad viene a ser un tercio de la cuota cameral, es decir, cerca de 2 millones de euros. Así, el cambio de modelo implica que antes las empresas pagaban un dinero que repercutía en su mejora y a partir del próximo año se sumará a los Presupuestos Generales del Estado, sin que el Archipiélago reciba beneficio alguno.
Además de solicitar a Paulino Rivero su intervención en Madrid, los presidentes de las Cámaras pidieron el apoyo decidido del Gobierno de Canarias para garantizar la supervivencia de unas instituciones de derecho público que llevan más de 125 años formando parte de la actividad socioeconómica del Archipiélago. En este sentido, los dirigentes camerales entregaron al jefe del Ejecutivo autonómico un documento de Proyectos y Propuestas dirigidas a Mejorar la Productividad y Competitividad del Tejido Empresarial de Canarias, con el objetivo de establecer un marco de colaboración entre las Cámaras de Comercio y el Gobierno autonómico.
Precisamente, el documento hace especial hincapié en cuatro áreas estratégicas como son el fomento de la emprendeduría, la expansión de las empresas canarias, tanto en el mercado regional como en el exterior, la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías, y la formación y el empleo, donde la coordinación y la eficiente asignación de recursos son básicos para propiciar la recuperación de la economía canaria.
Corporaciones de Derecho Público
Los presidentes de las Cámaras recordaron que, de acuerdo con la Ley que las regula, las Cámaras de Comercio son Corporaciones de Derecho Público que defienden el interés general de la economía a través de las empresas y que sus servicios son imprescindibles para las pymes, ya que no existen instituciones alternativas que garanticen su realización en todo el territorio nacional y a los que puede acceder cualquier empresa canaria.
En esta línea, los dirigentes camerales plantearon a Paulino Rivero la creación de una Comisión Mixta Gobierno de Canarias-Cámaras de Comercio, desde la que se analice e identifiquen, los proyectos y encomiendas de gestión que garanticen el nivel de prestación de servicios a las pequeñas y medianas empresas del Archipiélago.
Al margen de buscar el apoyo del Gobierno de Canarias, que es el órgano tutelar de las Cámaras a través de la Consejería de Empleo, Comercio e Industria, estas están trabajando para ajustar sus presupuestos y sus estructuras a la nueva situación, con la puesta en marcha de nuevos servicios diferenciados, algunos de carácter mancomunado, que permitan completar los ingresos procedentes de las cuotas voluntarios y las posibles encomiendas de gestión.
Respecto del Real Decreto, los presidentes de la Cámara comentaron que algo tan importante no debería nunca haberse adoptado sin hablar previamente con las Cámaras de Comercio y, en segundo lugar, sin buscar un acuerdo que permita una viabilidad sólida y permanente
.
Concretamente, el Decreto pone en peligro servicios esenciales que ninguna otra institución puede ofrecer, en mejores condiciones, a las pymes que apuestan por la internacionalización, la formación y la innovación. También podrían desaparecer actuaciones destacadas de las Cámaras a favor del desarrollo del espíritu emprendedor y la creación de empresas, factores determinantes en la generación de riqueza y empleo.
