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Canarias 22 de Septiembre de 2010
Intersindical Canarias: “Sobran razones para la huelga general, basta ya”

STEC-Intersindical Canaria convoca a todo el profesorado de Canarias a secundar la Huelga General del 29 de septiembre, una Huelga más necesaria que nunca, para decirle al Gobierno del estado español, al Gobierno de Canarias y al poder empresarial, ¡basta ya al ataque contra los derechos laborales y sociales!.

En  Canarias, estamos viviendo realidades que ponen al límite a miles de familias. Ahora son más de 80.000 los núcleos familiares donde ninguno de sus miembros recibe  salario o prestación económica alguna. El 30% de la población trabajadora se encuentra en paro, sobrepasando el número de 300.000 personas en desempleo.  Mientras 57  de cada 100 jóvenes no encuentran empleo. Y al mismo tiempo las generaciones jóvenes, mejor formadas y sin trabajo, se están viendo obligadas a emigrar, perdiéndose  la riqueza cultural y profesional de una parte de la juventud canaria.

En Canarias estamos soportando los salarios más bajos respecto a la media del Estado español, con una diferencia de 450 euros. Asimismo, cada persona en nuestro archipiélago recibe 275 euros menos que los que se atribuye a la población de otros territorios a través de los presupuestos generales del Estado. Y los pensionistas de nuestras islas se sitúan en la cola respecto a los ingresos de la media de perceptores de pensiones contributivas y no contributivas.
En Canarias tenemos al 35% de la población en situación de pobreza, y la exclusión social va alcanzando importantes sectores de la población desempleada. Y mientras tanto, las políticas desarrolladas por el Gobierno español,  dirigido por Zapatero, y por el Gobierno autonómico, liderado por José Manuel Soria y Paulino Rivero, coinciden en una misma estrategia económica: proteger las grandes fortunas e impulsar la ayuda a los bancos y a las cajas de ahorro. Para estos gobiernos, los ricos deben asegurar sus fortunas con el dinero público, fruto del esfuerzo de nuestro trabajo, y pretenden que la clase trabajadora pague las consecuencias de su crisis capitalista. El acoso contra los servicios públicos y sus trabajadores  emprendido por el pacto de gobierno de CC y PP, forma parte de esa misma política de quiebra generalizada de derechos fundamentales.

En Canarias la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones representan un atropello más a quienes dependemos de un salario. Tras la salvaje reducción salarial a los empleados públicos,  tras la congelación de las pensiones para el año 2011, la reforma laboral viene ahora a empobrecer más a las personas asalariadas, mientras le proporciona al empresariado mayor poder a la hora de contratar, a la hora de fijar las condiciones de trabajo y a la hora de despedir.  Próximamente, en otra arremetida gubernamental, la reforma del sistema de pensiones pretende reducir los derechos conquistados e impedir el acceso a la protección social a miles de trabajadores y trabajadoras que han cotizado hasta la actualidad,  retrasando la edad de jubilación y  exigiendo más años de cotización. Junto a lo anterior y antes de fin del 2010, queda en la agenda del gobierno español, la reforma del entramado jurídico de la Negociación Colectiva, pretendiendo eliminar los Convenios Provinciales y Autonómicos, centralizándola a nivel estatal. Y no pararán si quedan sin respuesta.

En Canarias la inversión en la educación pública ha bajado del 6,13% en 1991 a un 4% actualmente, reduciéndose por parte del gobierno canario los presupuestos económicos en esta materia en 50 millones de euros en 2010, colocándonos, pese a las enormes deficiencias existentes (índice de abandono escolar prematuro del 36,9% y una tasa de fracaso escolar del 39%),  en unos índices muy por debajo de lo que correspondería en comparativa con el resto de comunidades del estado español.  Este déficit inversor está teniendo como consecuencia unos recortes salvajes y un ataque importante a los logros alcanzados en el avance de la calidad educativa de la escuela canaria: disminución de plantillas (700 docentes), aumento de ratios (superiores a la media estatal), no previsible la cobertura de sustituciones, supresión de las medidas de atención a la diversidad, baja oferta de plazas en los comedores, eliminación de programas de innovación educativa, estrangulamiento y paralización de la oferta idiomática, cierre de Escuelas Unitarias, supresión de 140 grupos de Ciclos Formativos y 7.000 jóvenes sin plaza, etc.