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Canarias 10 de Septiembre de 2010
El PP defiende en el Senado la reforma de la Ley de Costas pensando en los ciudadanos
Tavío advierte que “PSOE y CC van a tener una oportunidad de oro para frenar los desalojos y los derribos arbitrarios”.
La presidenta del Partido Popular de Tenerife, Cristina Tavío, anunció ayer que el grupo parlamentario Popular en el Senado ha presentado una iniciativa de modificación de la Ley de Costas “que busca arbitrar soluciones efectivas que conjuguen la legalidad vigente y los derechos objetivos de los ciudadanos que viven o trabajan en núcleos urbanos del litoral español. Es decir, una reforma pensando en los ciudadanos que es a quienes deben servir las leyes y no a la inversa”.
Cristina Tavío, que esta misma semana registró una iniciativa en el Parlamento de Canarias en defensa de estos enclaves costeros, considera que “la proposición de ley del PP en el Senado representa una oportunidad de oro para que tanto el PSOE como CC sumen sus votos y podamos frenar el disparatado afán de la Administración socialista por desalojar y derribar a ciudadanos y edificaciones sin la menor consideración por sus derechos”.
En concreto, la proposición de los populares en el Senado comparte la necesidad objetiva de proteger y conservar nuestro litoral que recoge la Ley de Costas de 1988, si bien entiende que esta normativa nacional no ha tenido en cuenta debidamente la realidad socioeconómica de estos enclaves costeros, que en gran medida han sido fomentados por la propia administración que a través del tiempo les ha aplicado muy distintos criterios.
“Por ello -argumenta Tavío- y con el fin último de conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de la Ley en Julio de 1988, es necesario elaborar una planificación específica de las áreas afectadas por concesiones anteriores a la aprobación de la Ley de Costas”.
La presidenta del PP tinerfeño advierte que “no debemos olvidar que el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado como la Ley por un Gobierno socialista, establece 30 años como plazo máximo de las concesiones, obviando cualquier concesión administrativa superior a ésta otorgada en el pasado. Es decir, en 2018, las personas físicas y jurídicas presentes en estos núcleos costeros perderán cualquier derecho”.
Por último, Tavío indica que la iniciativa del PP en el Senado reivindica la derogación del apartado 3 del artículo 72 de la Ley de Costas, que establece que una vez consumado ese plazo de 30 años (2018), las concesiones revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas, sin obligación por parte de la Administración de atender al derecho de indemnización que la Constitución consagra en su artículo 33”.
La presidenta del PP de Tenerife considera que “esta batería de iniciativas que el Partido Popular lidera en el Parlamento de Canarias y en las Cortes Generales debe necesariamente hacer reflexionar al Gobierno central sobre la interpretación que está haciendo de la Ley de Costas y sus consecuencias reales sobre la sociedad española y la actividad económica de nuestro país”.
