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Canarias 5 de Octubre de 2010
Las comunidades productoras de tomate piden que la Unión Europea no ratifique el Acuerdo con Marruecos en los actuales términos pactados
Las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias pedirán a Europa que no ratifique el acuerdo de renovación comercial con Marruecos para el intercambio de productos agrícolas y pesqueros en los actuales términos pactados, dados los negativos efectos que conllevará para el sector productor de frutas y hortalizas.
Los consejeros de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá; Andalucía, Clara Aguilera; Valencia, Maritina Hernández; y Canarias, Pilar Merino, se reunieron hoy en Murcia para analizar los “efectos tan negativos” que tendría la renovación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos sobre el sector hortofrutícola, y principalmente, sobre el sector de tomate en fresco.
Los responsables autonómicos suscribieron una declaración en defensa del sector de frutas y hortalizas, que se remitirá esta semana a Bruselas con el objetivo de defender los intereses de los agricultores españoles ante la inminente renovación del acuerdo. Consideran “inadmisible” que se pongan en marcha este tipo de tratados “a costa del sector de frutas y hortalizas” y reclaman a la Unión Europea “más rigidez y apoyo hacia el sector español, gran productor hortofrutícola”.
Según los responsables autonómicos, el futuro acuerdo que se está negociando “es muy negativo” ya que supondrá “una mayor concentración de producto en el mercado y devaluará todavía más los precios en origen”.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar Merino indicó que esta postura obedece a la creciente liberalización de las importaciones del país norteafricano, y apuntó que esta declaración institucional es muy importante para los intereses de los productores de las Islas, puesto que el Acuerdo aumenta los contingentes de tomate marroquí que pueden entrar entre octubre a junio a los precios mínimos de entrada previstos desde marzo de 2000, establecidos en 460 euros por tonelada.
Esta fecha coincide plenamente con la producción de Canarias, y el principal problema que plantea es que Marruecos ha incumplido sistemáticamente los precios mínimos establecidos, y así lo han denunciado los países comunitarios productores de tomate a la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que reconoció la dificultad de verificar y supervisar este proceso.
“El nuevo acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea mantiene el mismo precio de referencia y no fija un mecanismo de control, por lo que suponemos que se producirá el mismo incumplimiento”, dijo Merino, para quien es “preocupante porque repercute muy directamente en los precios y costes de producción de los tomateros canarios”.
La finalidad del texto consensuado hoy por las cuatro comunidades autónomas es instar a la Unión Europea a defender los intereses del sector, prevaleciendo el principio de preferencia comunitaria en cualquier acuerdo que cierre con países terceros. Asimismo, piden una reforma del régimen de precios de entrada y la mejora en su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor y el pago de los derechos de aduana específicos.
El documento contempla, asimismo, controles aduaneros en frontera más exhaustivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en cada momento, así como intensificar los controles relativos a la seguridad alimentaria y una mayor reciprocidad en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales.
Pilar Merino remarcó, en este sentido que es de vital importancia exigir “reciprocidad a Marruecos, para que se requieran las mismas condiciones de calidad a los productos que acceden al mercado, de modo que las normas que se aplican en la UE se apliquen también en esos países terceros”.
La Unión Europea, según apuntó la consejera, ha reducido el número de sustancias activas que pueden usar los agricultores de países comunitarios “y no se exige lo mismo a países terceros, unas dificultades que se intensifican en el caso de Canarias, que han visto reducido en un 70% el número de sustancias activas que pueden emplear con el fin de cumplir con el nivel de calidad y sanidad que los consumidores comunitarios demandan”.
