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Canarias 5 de Noviembre de 2010
El Gobierno de Canarias “oculta
su incapacidad desmantelando
la administración pública”
El Gobierno de Canarias, con la excusa y el paraguas de la crisis y a modo de culminación de una dura campaña de desprestigio de los trabajadores y las trabajadoras del sector público de esta Comunidad Autónoma, ha resuelto acometer un importante recorte de los derechos de sus empleados y empleadas, según indican desde el Sindicato de Comisiones de base de Canarias. Esto ha quedado reflejado en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 y, posteriormente, acordado por el Gobierno en cesión celebrada el 22 de octubre de 2010, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 216, de 3 de noviembre, mediante resolución de 2 de noviembre (Acuerdo relativo a las medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas).
Estas “medidas extraordinarias” suponen un paso muy importante hacia el desmantelamiento de la Administración Pública. Ante una crisis que los trabajadores y las trabajadoras no hemos generado, este Gobierno resuelve el recorte de derechos mediante la suspensión de pactos y acuerdos establecidos, sin ni siquiera propiciar el más mínimo marco negociador. En época de “vacas flacas” pretenden que sean más flacas para unos, los empleados públicos, y más gordas para otros, el poder económico para el que gobiernan y al que quieren entregar el pastel que es de todos y todas, el Patrimonio Colectivo.
Estas “medidas extraordinarias” ponen de manifiesto, igualmente, la incapacidad del Gobierno de Canarias para gestionar económicamente esta Comunidad Autónoma. Cómo es posible que ahora se adopten medidas de ahorro como las del “uso racional de la energía, del papel, de los vehículos oficiales, de los teléfonos móviles, de los desplazamientos…” ¿es que hasta ahora estos gastos se estaban realizando de forma irracional?, y si así fuera ¿quiénes son los responsables? El dispendio económico propio de los antiguos imperios, que llevaron a sus pueblos a la ruina está instalado en el seno de este Gobierno. Como ejemplo, algunas sentencias judiciales en contra por importe de varios millones de euros por presuntos “errores administrativos”, como el de la cede del Parlamento de Canarias (14 millones), Montaña Rayada (33 millones), Lopesan (40 millones) o Tindaya (41 millones), errores por los que no se ha pedido ninguna responsabilidad a los autores de los mismos, ninguna dimisión o cese de los responsables políticos de tantos desatinos; o el coste de la Televisión Canaria o de la Policía Canaria, cuya reducción sí que supondría una ahorro significativo en gastos innecesarios.
Como si esto fuera poco, “también hemos sufrido una mala gestión del dinero procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, de los cuales Canarias estará recibiendo entre 2007 y 2013 la cantidad de 1.690.922.731 euros, lo que no ha supuesto un incremento significativo en la calidad del empleo, los servicios sociales, la educación o la sanidad, sino que para más desgracia, el Gobierno de Canarias ha tenido que devolver a la Unión Europea parte de las cantidades recibidas por no cumplir los plazos de ejecución y justificación. El propio Comisario de Política Regional ha avisado en la reunión de las Regiones Ultraperiféricas de octubre pasado que se revisará la efectividad en el uso de dichos fondos”.
Desde co.bas Canarias quieren manifestar su rechazo a estas medidas de recorte de derechos, al tiempo que hacen un llamamiento para la constitución de un frente unitario para impedir este “atraco” al Patrimonio Colectivo. “No podemos permitir que la crisis y la mala gestión de los dineros públicos por parte de este Gobierno la paguemos los trabajadores y las trabajadoras”.
