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Guía de Isora 5 de Noviembre de 2010
Medio Ambiente ignora las denuncias
de Tagoror Achinech
Tagoror Achinech ha remitido varias denuncias a la Consejería de Medio Ambiente, sobre el reinicio de las actividades de las turbinas, sin que hasta la fecha le hayan dado respuesta a las mismas. Incluso le han trasladado una solicitud de información, que acorde con la ley de información medioambiental, ésta debe darse en un plazo no superior a un mes, que transcurrido cerca de tres meses aún no han dado respuesta.
En las denuncias presentadas ante la Consejería de Medio Ambiente, figura el hecho de las modificaciones sustanciales realizadas en el centro productor energético de Los Pajales (Chío), consistentes en la colocación de accesorios en las chimeneas de emanación de gases, instalación de estanques para minimizar el efecto óptico de los humos y, la retirada de los generadores móviles, pasado de una capacidad generados de 53,7 Mw. a 45 Mw., por lo que el colectivo social entiende se ha vulnerado la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de contaminación, que estipula que cunado se efectúe una modificación sustancial en las instalaciones, objeto de una A.A.I., dicha Autorización Ambiental Integrada queda anulada y, la empresa titular de las instalaciones debe solicitar una nueva.
Tagoror Achinech sospecha que tras estas modificaciones, esta el objetivo de solicitar y tramitar las subvenciones del Gobierno Central, acogiéndose a la Legislación de Generación eléctrica extrapeninsular e insular, que caso de ser cierto estarían vulnerando lo estipulado en los artículos 308 y 309 del código penal, que establecen que “el que obtenga una subvención, desgravación o ayuda de las Administraciones públicas de más de 80.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de su importe…” y “el que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía…”
Para el colectivo social, no sólo la empresa eléctrica estaría incumpliendo estos preceptos legales, sino las distintas administraciones públicas, al tener conocimientos de estos fraudes y, no actuar en consecuencias, pudiéndose dar el caso de prevaricación de los responsables políticos que han autorizado el reinicio de las actividades industriales de las turbinas, permitiendo la malversación de dinero público.
Comentarios
Herencia del grupo de gobierno socialista de Guía de Isora. Toma ya
