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Canarias 27 de Noviembre de 2010
La Cámara pide al Ejecutivo que clarifique el alcance e impacto que tendrá
la congelación del gasto en las pymes
del Archipiélago
El presidente de la Cámara ve con profunda preocupación  la medida  de cerrar la ejecución del presupuesto, un mes antes de que termine el año.
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ve con profunda preocupación la medida adoptada ayer por el Gobierno de Canarias de cerrar la ejecución del presupuesto, un mes antes de que termine el año, con la que esperan ahorrar 250 millones de euros y cumplir los niveles de endeudamiento que ha marcado el Gobierno de España.  En este sentido, pide al Ejecutivo autonómico que clarifique, con absoluta transparencia, el alcance  e impacto de esta decisión que afecta a la viabilidad y a la supervivencia de muchas empresas del Archipiélago.

La Cámara entiende que es una coyuntura extremadamente complicada y que  la decisión del Gobierno busca cumplir con el plan de ajuste con que se comprometió en este ejercicio con el Ejecutivo nacional y obtener el visto bueno de Madrid para lograr la autorización para emitir deuda por unos 600 millones de cara al próximo año.  Pero, al mismo tiempo, la institución cameral teme, por un lado, por el efecto que tendrá la paralización de los pagos en las empresas que suministran bienes y servicios al Ejecutivo regional y, por otro, por la parálisis de muchos proyectos de inversión que dependen de una inyección financiera del ejecutivo.
 
Otro de la grandes preocupaciones que ha despertado en la Cámara la medida de congelación del gasto público es lo que va a ocurrir con aquellos programas de la Unión Europea, en los que hay una cofinanciación por parte del propio ejecutivo, dado que si no se cumple con el compromiso financiero adquirido, se corre el peligro de tener que devolver fondos comunitarios a Europa.
 
Por esta razón, Ignacio González Martín, considera que la acción llevada a cabo por el Consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez “es una medida radical, que refleja una falta de previsión en la aplicación del gasto, y solicita que los perjuicios que se puedan ocasionar al tejido productivo del Archipiélago se puedan subsanar cuanto antes”.