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Canarias 13 de Mayo de 2010
Patricia Hernández acusa al PP de romper el consenso parlamentario en materia de violencia de género y de sembrar dudas acerca de la citada ley
La portavoz del PSOE en Igualdad desmiente que sean insuficientes las ayudas percibidas por las mujeres y reprocha al PP que, por un interés partidista, se descuelgue con afirmaciones intolerables.
La portavoz del PSOE en Igualdad en el Senado, Patricia Hernández, acusó ayer en el Pleno de la Cámara al Grupo Popular de romper el consenso parlamentario alcanzado por todas las fuerzas políticas en materia de violencia de género.

Hernández, senadora por Tenerife no apoyó una moción firmada por el PP a través de la cual se trataba de sembrar dudas acerca de la Ley Orgánica aprobada en el año 2004. La citada propuesta, que fue finalmente rechazada, contó con 118 votos a favor (todos ellos emitidos desde la bancada popular), 120 en contra y 6 abstenciones.

Patricia Hernández reconoció que su grupo trató de llegar a un acuerdo con los populares pero que resultó imposible. En este sentido, lamentó que el PP decidiera desmarcarse del consenso parlamentario sobre un tema tan delicado y se descolgara con afirmaciones intolerables sustentadas en un claro interés partidista. La portavoz socialista desmintió de forma tajante que fueran insuficientes las medidas de apoyo económico destinadas a las víctimas como deslizó la portavoz del PP durante la presentación de la iniciativa.

A lo largo del debate, Patricia Hernández explicó que la exención de las ayudas está prevista para las rentas de hasta 15.500 euros al año y señaló que lo que plantea el PP es la exención de la tributación de las rentas superiores a esa cantidad. La parlamentaria socialista aclaró que “con la presentación de esta moción olvidan que las ayudas para estas mujeres referidas a la vivienda, al cambio de residencia, a la formación, etc… son ayudas para la recuperación de la mujer, para restituir sus derechos y libertades. No se trata de mantener a las víctimas considerándolas personas dependientes o incapaces.”

Hernández subrayó que la ley garantiza la suficiencia financiera del tratamiento de las víctimas, la asistencia jurídica, la ayuda laboral, el apoyo psico-social y todo lo que requieren estas mujeres durante el proceso de recuperación integral dirigido a evitar la doble victimización.