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Tenerife 14 de Mayo de 2010
CiCan no estima equitativa las medidas adoptadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero
Los centristas indican que el gobierno central debió mediar una mayor incidencia sobre el ámbito de la Administración con una reducción del salario de los cargos públicos
El Comité  Insular de Centro Independiente de Canarias (CiCan), expone, tras su deliberación y análisis habido en su reunión del día 12 de mayo del corriente, que el conjunto de medidas de restricción adoptada por el Gobierno Zapatero, bien pueden ser necesarias e imprescindibles, sin embargo, no la estiman equitativa en cuanto que sólo inciden en un Estado del Bienestar, sólo sobre los aspectos sociales, dejando por el contrario libre de cualquier condicionamiento económico a los agentes causante de la situación de pseudos, quiebra a la que hemos sido conducido.

En ese sentido, sobre el recorte del sueldo de los funcionarios, dicen, “no es equitativo sino debió fijarse éste, acorde con una escala de retención en atención a los ingresos reales”.

Igualmente, “debe impedirse el compartimiento de dos empleos en el sector público e incluso en el ámbito educativo universitario, y suspensión de cualquier curso de formación gratuita a favor de los funcionarios de cualquier grado y condición, ya que sólo median a favor de su promoción personal”.

Mantener intocable las pensiones de cuantía no superior, a los mil euros mensuales.

Los centristas indican que el gobierno central debió mediar una mayor incidencia sobre el ámbito de la Administración con una reducción del salario de los diputados, senadores, concejeros, ministros y alcaldes y cargos de libre designación a un 50% del importe que actualmente perciben y así como la supresión de cualquier tipo de dieta o gratificación por la asistencia a sesiones incluidos los gastos de desplazamiento.

Limitación al reparto de beneficios de las entidades bancarias a través de un impuesto de contenido social. “Y tampoco compartimos y rechazamos la no atención retroactiva de la ayuda económica a los dependientes”, así como la supresión de las ayudas económicas con cargo a los presupuestos de la Administración, a los partidos políticos y sindicatos.